El proyecto de separación del deporte profesional plantea la creación de nuevas instituciones

El esperado proyecto de separación del deporte profesional del aficionado, elaborado por los servicios jurídicos del Consejo Superior de Deportes (CSD) no plantea otra novedad singular que la creación de las ligas profesionales como entidades con personalidad jurídica propia, a la vez que proclama, de una forma ambigua, su autonomía de gestión. Dicho proyecto de decreto-ley, obliga a la participación de las asociaciones de deportistas en los órganos de gestión de dichas ligas. A lo largo de nueve artículos, el anteproyecto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, plantea además la creación de asociaciones de clubes profésionales y la confección de unos estatutos, los cuales han de ser aprobados por el CSD en un plazo no superior a los seis meses posteriores a su presentación.

Las ligas quedarán inscritas en el Registro de Asociaciones y Federaciones Deportivas. Asimismo, dicho anteproyecto obliga a la firma de un acta fundacional entre los clubes profesionales y la respectiva federación nacional. Los clubes tendrán voz y voto en los órganos de gestión, a la vez que se proclama el principio de sufragio universal, secreto y directo, en las decisiones de estos organismos. Los estatutos deberán fijar particularidades tales como expulsión de un miembro o extinción de dicha asociación. Las asociaciones deberán fijar sus presupuestos, contar con un libro de actas y otro de contabilidad; de la gestión de sus órganos directivos deberán tener conocimiento puntual todos sus miembros.El anteproyecto, sin embargo, y a pesar de que ha superado con creces todos los plazos prometidos, no parece ser suficientemente tajante en algunos casos, hasta el punto de que experiencias actuales del deporte español comienzan a superar los intentos de reforma de los actuales administradores del CD para convertir el citado proyecto en un texto conservador. El citado anteproyecto deja en una ambigüedad total los efectos reales de una separación del deporte profesional y aficionado. Bajo el calificativo de autonomía de gestión no aclara la futura personalidad que pueden llegar a tener los clubes deportivos de carácter profesional ni entra a detallar si la Liga profesional puede estar dotada de una auténtica independencia económica.

A tal punto, que tanto los estatutos como el propio funcionamiento de la Asociación de Clubes Españoles de Baloncesto (ACEB) parecen guardar un carácter más progresista y una más real separación que lo que emana del espíritu del anteproyecto de que dispone la administración. En cualquier caso, en el citado texto todo parece quedar al arbitrio del CSD, único juez final a la hora de calificar si va a ser aceptable o no una determinada liga profesional. El proyecto además, por su contenido general, permitiría casos muy diferentes de separación, siendo todos ellos legales. En este sentido, y según algunos observadores, "la ley parece redactada para no molestar a nadie y cuanto menos al sector futbolístico".

Proyecto en la oposición

Por último, el citado anteproyecto parece no haber tomado en consideración las tesis emanadas de una proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Socialista presentó a la mesa del Congreso cuando dicho partido al que representaba se encontraba en la oposición. Este proyecto no fue aprobado, aunque contó con los votos favorables de algunos diputados de UCD, y detallaba una serie de conceptos a la vista de otras legislaciones europeas.Se aclaraba, por ejemplo, que "los clubes de fútbol profesional podrían adoptar cualquiera de las formas de sociedades mercantiles, incluida la de sociedad cooperativa", y matizaba, caso que no hace el CSD, cuáles eran las competencias de la. liga profesional y cuáles las de la respectiva federación nacional. Esta proposición no de ley regulaba aspectos como el de la publicidad, en su capítulo cuarto El anteproyecto del CSD escapa a la calificación de los clubes como sociedades mercantiles e incluso no pasa a señalar si las competencias en materia de disciplina, de sanciones o de arbitraje pasarían a formar parte de la federación nacional.

Recientemente, el CSD parecía negociar con los clubes de fútbol, principales afectados por un decreto en este sentido, su implantación. Los representantes de estos clubes, agrupados en el llamado Comité de Fútbol Profesional, temían que en el espíritu del anteproyecto del CSD anidaran las tesis del Grupo Parlamentario Socialista. En este sentido, una mayor ambigüedad favorecería sus intereses. Incluso, el CSD se negó a la inscripción de la Asociación de Clubes de Baloncesto. Es decir, la única especialidad deportiva en España que ha intentado voluntariamente acercarse a una separación entre deporte profesional y aficionado, se encuentra ahora obligado por el CSD a la ilegalidad y a plantear recursos en tribunales ordinarios.