Alfonsín encarcela por decreto al general Camps, responsable de 5.000 desapanciones

Por el decreto ejecutivo 280 firmado por el presidente Raúl Alfonsín, el Gobierno argentino ha ordenado la prisión preventiva y el procesamiento del general retirado Ramón Camps, ex jefe de la policía de Buenos Aires y autor confeso de la desaparición de 5.000 ciudadanos, secuestro de niños, cambios en su identidad civil y apologista de la aplicación de tormentos a los detenidos.

Camps, que ya se encuentra preso en un Regimiento de Infantería bonaerense, será también enjuiciado ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el más alto tribunal militar. Camps fue el torturador del propietario y director de La Opinión, Jacobo Timerman. En el mismo regimiento en el que ya se encuentra detenido el general Ramón Camps, les fue tomada a él y al teniente general Jorge Videla declaración por un juez federal a cuenta de sus presuntas responsabilidades en la desaparición de un ciudadano en 1977.El solapamiento de las causas incoadas por el Gobierno ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas con las promovidas por los particulares ante la justicia civil está provocando esta monumental confusión, excelente caldo de cultivo para cualquier extremismo y para cualquier provocación. Todo este rigodón de comparecencias y huidas militares ante la justicia civil, retrasos en la administración de la justicia castrense, pequeñas batallas campales a la salida de los tribunales, sólo favorecen a la extrema derecha y al grueso de los militares involucrados en crímenes contra la humanidad que desean alimentar la imagen de uña Argentina democrática sumida en un caos jurídico y revanchista y al borde de los tribunales populares.

El presidente Alfonsín aprovechó el primer aniversario de la muerte del doctor Arturo Illía (el presidente radical depuesto en 1976 por el teniente general Juan Carlos Onganía) para celebrar un funeral cívico y laico en el cementerio de La Recoleta, donde yace. Frente a su tumba pronunció un energico discurso repartiendo admoniciones por doquier. Condenó los golpes de Estado, reputándolos de uno de los crímenes más graves que se pueden cometer contra la patria y defendió el Estado de derecho como base imprescindible para conseguir paz y justicia para todos. "No sólo", afirmó, "hay que hacer un buen Gobierno, también debemos hacer docencia democrática alejando ya para siempre los fantasmas de la inestabilidad. Por encima del acierto o el error, lo que hoy nos interesa es una lucha permanente por el Estado de derecho. ¿Qué tiene que ver la democracia", se preguntó, "con el atentar contra ciudadanos que van a prestar declaración?". Refiriéndose a las declaraciones involucionistas de militares retirados, dijo que "como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas pondré como límite a los militares en retiro la barrera del Código Penal".