Grupo Popular: "Es una amenaza para las libertades"

En la conferencia de prensa organizada ayer para valorar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el decreto-ley expropiador de Rumasa, el Grupo Popular declaró que el fallo supone una amenaza al sistema de libertades, al dar vía libre al Gobierno para que interprete a su antojo la Constitución, en función de necesidades económicas y políticas.Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, portavoz del grupo, y José María Ruiz Gallardón, comisionado para el recurso de inconstitucionalidad que suscitó el fallo, reiteraron el acatamiento de la sentencia, pero criticaron duramente la decisión, tanto política como jurídicamente.

El portavoz del Grupo Popular, Miguel Herrero, considera que la sentencia es muy grave políticamente, al romper "el espíritu normativo de la Constitución, que pasa a ser a partir de ahora una Constitución semántica". Esto quiere decir, explicó, que "si la Constitución era hasta ahora un cauce común de interpretación, a partir de esta sentencia se convierte en una norma que los Gobiernos podrán interpretar como les venga en gana".

Las críticas jurídicas incidieron en los argumentos expuestos en debates parlamentarios y en la presentación del recurso.

El Grupo Popular, y AP en concreto, insiste en que el decreto-ley de expropiación de Rumasa contradice el derecho de propiedad tal como lo define la Constitución, sobre el que no puede recaer ninguna expropiación que no sea por ley, aunque haya razones de urgente y necesaria defensa del, interés social.

Fundamentó sus críticas Ruiz Gallardón en los votos particulares de los seis magistrados que han disentido de la sentencia. "Si una expropiación no afecta al derecho de propiedad, ¿entonces qué es lo que la afecta?, se preguntó el abogado y diputado, del Grupo Popular.

"El buen juicio del pueblo español juzgará el tema", dijo el abogado, quien con cierta teatralidad propia de la acción judicial dijo, señalando con el dedo a los periodistas: "Ustedes tampoco estén seguros. A lo mejor cuando lleguen a sus medios, éstos han pasado a ser del Estado".

Herrero de Miñón aludió reiteradamente a que la sentencia "promete que el Gobierno no lo volverá a hacer. Esto es lo más elocuente sobre los efectos de inseguridad que resulten".