La Junta de Andalucía tendrá desde el dia 1 de enero plenas competencias sobre el Insalud.
La Junta de Andalucía recibirá todas las competencias sobre el Instituto Nacional de la Salud (Insalud) el 1 de enero próximo, convirtiéndose de esta manera en la primera comunidad autónoma, tras Cataluña, que se hace cargo de este paquete de transferencias, el más voluminoso de los previstos en los estatutos de autonomía. No obstante, el retraso en las negociaciones ha provocado que la región no se haya benericiado de una sola inversión durante 1983. Andalucía ha dejado de percibir 1.800 millones de pesetas por este concepto.
Después de más de un año de negociaciones, primero con el Gobierno de UCD y más tarde con el socialista, la Junta de Andalucía y la Administración Centra han llegado a un acuerdo en virtud del cual el Insalud pasará a depender íntegramente de la comunidad autónoma. De la importancia de estas transferencias da idea el hecho de que los créditos previstos para 1984. superan los 150.000 millones de pesetas y el personal de plantilla a cargo del Gobierno andaluz se acerca a los 40.000 trabajadores.Mientras que las negociaciones con UCD quedaron abortadas por la campaña electoral, con el Ministerio de Sanidad y Consumo que encabeza Ernest Lluch, las dificultades han tenido su origen en serias discrepancias entre éste y sus interlocutores del Gobierno andaluz. Según fuentes próximas al Ejecutivo autónomo, para Lluch y sus colaboradores era prioritario racionalizar el Insalud a nivel nacional antes de transferirlo a las comunidades autónomas, posición contraria a la de la Junta de Andalucía, necesitada de poder real a corto plazo y con un compromiso público de disponer de transferencias plenas a princi, pios de 1984. Finalmente, el ministerio ha cambiado de opinión y el acuerdo ha sido posible. "Ahora ya dominan en Madrid el tema Insalud, pero la cantidad que nos tienen que transferir, 154.000 millones, son poder, y nadie lo suelta sonriendo", aseguran en medios cercanos a los negociadores andaluces, que también son conscientes de la propia inercia de la Administración y de las dificultades legales para trasladar a los funcionarios, como causas explicativas de la resistencia del Ministerio de Sanidad y Consumo a transferir estas competencias. En cualquier caso, el retraso ha tenido ya efectos negativos en Andalucía, donde no se ha invertido una sola peseta en construcciones de centros sanitarios en todo el año 1983.
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