Cinco ayuntamientos reclaman a Iberduero más de 100 millones de pesetas

Los ayuntamientos de Getafe, Parla, Alcorcón y Leganés han acordado, en sesiones plenarias celebradas la semana pasada, iniciar las acciones legales pertinentes para reciánar a la compañía eléctrica Iberduero el pago de una tasa por aprovechamiento del es pacio público municipal, cifrada en un 1,5% de la facturación bruta de la compañía en el término municipal de cada ayuntamiento.El Ayuntamiento de Fuenlabrada se sumará a esta iniciativa en una sesión plenaria que se celebrará esta semana. Según las mociones aprobadas, Iberduero no sólo no ha pagado dicha tasa a los ayuntamientos mencionados, sino que la ha cargado a los vecinos, actitud calificada como de dudosa legalidad.

Un informe realizado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Getafe señala que las compañías eléctricas deben pagar un 1,5% de su facturación bruta a los ayuntamientos de cada término municipal en concepto de utilización del espacio público, tanto aéreo como suelo y subsuelo.

Aunque aún no se han realizado estudios económicos sobre la cuantía de la reclamación a Iberduero, un portavoz del Ayuntamiento de Fuenlabrada indicó que sólo en este año la compañía ha facturado en la localidad recibos por valor de casi 2.000 millones de pesetas, lo que supondría que el ayuntamiento debe percibir en 1983 una tasa de unos 30 millones de pesetas.

En los últimos meses, los alcaldes de los cinco pueblos han mantenido contactos, a fin de llegar a una acción conjunta. Todos, ellos son municipios con altos índices de poblacion y con polígonos industriales de envergadura, por lo que el consumo de energía eléctrica es muy elevado.

El importe acumulado de la tasa en los últimos cinco años puede alcanzar la cifra de varios centenares de millones. La moción aprobada en las sesiones plenarias celebradas a lo largo de la semana pasada incluye la petición de colaboración al Ministerio de Industria y Energía para clarificar la responsabilidad de Iberduero en este asunto. Asimismo, los ayuntamientos citados han hecho un llamamiento a los vecinos, a los que ofrecen sus servicios jurídicos en caso de que alguna persona particular quiera iniciar por su cuenta acciones legales contra la compañía.