La indecisión ha terminado

El largo período de indecisión puede considerarse como prácticamente terminado. Ésta es la valoración más inmediata que puede hacerse del real decreto sobre Inversiones en la Siderurgia Integral, que aprobó el último Consejo de Ministros. No sería difícil hacer la cuantificación económica y social del coste que han supuesto estos años de retraso en reordenar nuestro sector siderúrgico.

Es tremendamente aleccionador, para no volver a repetirlo, cómo en España se han contemplado inactivamente las drásticas medidas de restructuración siderúrgica que adoptaban los países de nuestro entorno una vez producidos los signos más acusados de la crisis energética mundial. Por contra, nosotros seguíamos con un plan, el Plan Siderúrgico Nacional, que preveía producciones y consumos tan alejados del comportamiento inmediato y futuro del mercado. En 1978 se reacciona con medidas muy incompletas y hay que esperar a 1980 para que se manifiesten propósitos de reordenación de todas las coordenadas que definen la siderurgia integral.Comienza entonces un largo proceso de negociaciones, en las que los objetivos están claros, pero la instrumentación es confusa y afectada por cambiantes condicionamientos políticos y sociales. La dinámica política española en los años 1980, 1981 y 1982 afectó de forma directa al proceso de reconversión y saneamiento de nuestra siderurgia en forma especialmente grave, y prolongando innecesariamente la toma de decisiones, que si eran importantes no tenían demasiada complejidad para su estudio previo, ya que los objetivos y la forma estaban ya diseñados en otros países próximos.

El real decreto de Inversiones Básicas en la Siderurgia pone punto final a la incertidumbre y devuelve a las empresas siderúrgicas la posibilidad de elaborar las adecuadas estrategias empresariales para un largo período. Prolongar la indecisión hubiera significado la extinción de nuestra siderurgia.

El real decreto ha seguido una línea congruente con la situación actual de nuestras instalaciones siderúrgicas, las expectativas del mercado y las posibilidades económicas del país, al que se exige un esfuerzo de casi medio billón de pesetas. No es ocasión de repetir todos los argumentos en pro y en contra de la alternativa, pero recuérdese que de las tres cabeceras, la de Sagunto se programó su supresión a comienzos de la década de los setenta, cuando se elaboró el proyecto de la cuarta siderurgia. Instalar ahora un nuevo tren de bandas en caliente (TBC) hubiese supuesto gravar al país con 70.000 millones más de inversión y acumular stocks cuya financiación supondría unos 25.000 millones de pesetas más. La modernización de los actuales TBC de Ensidesa y AHV es una medida de correcta gestión adminstradora, que trata de sacar el máximo partido de una inversión ya efectuada, y la nueva acería de Ensidesa por sí sola significa un menor coste, de 7.000 pesetas por tonelada de acero producido.

Sería bueno haber podido llegar a reavivar los antiguos proyectos de la cuarta siderurgia, montar nueva cabecera en la factoría de Sagunto y producir cuatro millones más de toneladas de acero. Pero en las actuales circunstancias del mercado significaría desencadenar el mayor desastre económico para todo el país. ¿Qué se haría con esa producción?

Forzoso es referirse a las consecuencias sociales. La reestructuración siderúrgica se hace en uno de los peores momentos para crear empleos alternativos, y más si coincide con procesos similares de otros sectores. Pero si existen esas dificultades, también es firme el propósito de llevar a cabo, de forma inmediata, aquellos proyectos industriales en los que se lleva algún tiempo trabajando. Sería imprudente decir que no va a haber problemas, pero tampoco puede aceptarse el nihilismo desesperanzado.

es director de la División de Siderurgia del INI.