El 27% de las quejas tramitadas por el Defensor del Pueblo son temas sanitarios

La propuesta de nombramiento de adjuntos al Defensor deL Pueblo, realizada por el titular de la institución, Joaquín Ruiz-Giménez, a la Comisión conjunta del Congreso y del Senado, fue aprobada ayer por 41 votos favorables, uno en contra y una abstención. Dichos adjuntos serán Alvaro Gil Robles y Margarita Retuerto, por este orden. Ruiz-Giménez informó a los parlamentarios que el 27%. de las quejas tramitadas se refieren a deficiencias de la Seguridad Social y la administración sanitaria y el 17,4% a fallos de la Justicia.Tras la elección de los dos adjuntos, de quienes el Defensor deL Pueblo hizo su elogio personal y profesional, Joaquín Ruiz-Giménez explicó que, a pesar de las dificultades y carencia tanto instrumentales como económicas ("hemos navegado al mismo tiempo. que construíamos la nave", dijo expresivamente), los cien primeros días arrojaban como resultado un reglamento definitivamente aprobado, un total de 3.000 quejas admitidas -sobre el total de casi 10.000 recibidas- y el contacto con muchos "sufrimientos humanos", algunos de los cuales se ha logrado solucionar.

Respecto a las 3.000 quejas admitidas, el 27% se refieren a la Seguridad Social y la Sanidad, en concreto al mal funcionamiento del INSALUD, y también a la deficiente asistencia psiquiátrica por parte de la Seguridad Social, así como al traslado de quejas de personal sanitario.

En la lista de prioridades sigue la administración de Justicia, con el 17,4% de las quejas, especialmente por la lentitud de los procesos y la prolongada situación de la prisión provisional, en algunos casos durante más de tres y de cuatro años.

El 12% de las quejas se refieren a temas de competencia de los departamentos de Defensa e Interior, tales como objeción de conciencia y libertad religiosa de los soldados, y en muy pocos casos -uno de ellos procedente de un estudiante de la Universidad de Barcelona- sobre malos tratos o torturas. El 10,4% de las quejas se refieren a agricultura y transportes; el 9% a administraciones locales; el 7% a educación; el 6% a urbanismo y vivienda -Ruiz-Giménez destacó, como especialmente acuciante la procedente de algunos habitantes de Palomeras-, y con menores proporciones las que competen a otros departamentos.