El Gobierno responde a preguntas de tres diputadas socialistas

Tres diputadas socialistas, Elena Vázquez, Carmela García Moreno y María Dolores Pelayo -estas dos últimas, procedentes del desaparecido partido liderado por Francisco Fernández Ordóñez-, preguntaron ayer al Gobierno sobre cuestiones relacionadas con la reciente conferencia de Londres sobre vertidos radiactivos, en el primer caso, y en relación con la no discriminación de la mujer. Los ministros de Asuntos Exteriores y de Cultura ofrecieron respuestas satisfactorias para las tres diputadas, cuyas preguntas parecían a propósito para el lucimiento de los miembros del Gobierno.Elena Vázquez preguntó sobre el alcance de la resolución aprobada en la reciente conferencia de Londres sobre vertidos radiactivos a partir de la actuación de la delegación española. Fernando Morán destacó que la iniciativa española tiene un alcance moral y ético y será continuada en otros ámbitos, como el comité de dirección de la agencia nuclear, el próximo mes de abril.

Carmela García Moreno se interesó sobre las competencias y líneas de actuación política prioritarias del Instituto de Derechos de la Mujer, cuya creación había sido anunciada. Javier Solana dijo -en medio de los murmullos del hemiciclo- que el anuncio se había hecho realidad en el Consejo de Ministros celebrado ayer, que acordó remitir a la Cámara un proyecto de ley para la creación del citado instituto, que contribuirá a que desaparezca la discriminación de la mujer y a la igualdad entre uno y otro sexo.

María Dolores Pelayo preguntó a continuación, precisamente, si el Gobierno pensaba reiniciar la tramitación de la convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que quedó interrumpida como consecuencia de la disolución de las cámaras. Fue Fernando Morán quien dio cuenta en esta ocasión de la decisión del Consejo de Ministros celebrado ayer de iniciar dicha tramitación. Ambas diputadas felicitaron al Gobierno por su eficacia.

También fueron planteadas otras diez preguntas, la mayoría de ellas dirigidas al ministro de Economía y Hacienda por el Grupo Popular sobre el cumplimiento de las previsiones económicas del Gobierno. Miguel Boyer señaló insistentemente que no podían ofrecerse garantías absolutas de que no se producirán variaciones en las previsiones realizadas.