El plan de protección policial a bancos no pudo evitar la acción terrorista

El atentado de anteayer es el primero de los perpetrados contra entidades bancarias del País Vasco en el que se registran víctimas, desde que en abril del año pasado ETA inició su campaña de bombas contra las entidades bancarias situadas en Euskadi que se niegan a pagar el denominado impuesto revolucionario. Hace algo más de un mes, el director de la Seguridad del Estado, Rafael Vera, y el director general del Consejo Superior Bancario, Gonzalo Lacalle Leloup, concertaron un plan de protección de bancos que no ha servido para evitar la tragedia.Fue en el mes de diciembre último cuando trascendió que todos los grandes bancos con oficinas en el País Vasco habían recibido una carta de ETA instándoles a pagar diez millones de pesetas por cada miembro del consejo de administración. Las dos primeras cartas las recibieron los bancos de Vizcaya y Santander.

Pese a haber sufrido medio centenar de atentados en seis meses, con el balance de un herido y cientos de millones de pérdidas, los representantes de la gran banca decidieron no ceder a la extorsión de ETA, y en diciembre instaron al nuevo Gobierno a que mejorara las condiciones de seguridad de las oficinas bancarias situadas en el País Vasco y de sus directivos.

El plan de protección a entidades bancarias del País Vasco, acordado en diciembre pasado entre el director de la Seguridad del' Estado y el representante de los grandes bancos, que ya se había empezado a aplicar, incluía el funcionamiento de unas patrullas móviles -de la Policía Nacional, en las ciudades y grandes localidades, y de la Guardia Civil, en zonas rurales- con un doble carácter: disuasorio para los terroristas y no exclusivamente defensivo, sino beligerante contra aquéllos si se producía un intento de actuación contra tales entidades bancarias.

Este tipo de medidas de seguridad hacia fuera no han servido para evitar un atentado con dos víctimas, que habría que imputarlo, según el criterio de fuentes oficiales, a defectos, o a insuficiencias, de las medidas de seguridad internas del banco siniestrado.