Los radicales vascos ponen en duda que el Gabinete francés haya cambiado su política de extradiciones

La decisión hecha pública por el Gobierno francés de modificar su política de extradiciones ha despertado un amplio eco en Euskadi, donde a lo largo del día de ayer se fueron conociendo las diferentes interpretaciones que se puedan dar sobre el alcance del texto legal y las posibles repercusiones cara al futuro.Todos los medios informativos coinciden en señalar la importancia de esta medida, que significa un cambio de actitud en la política del país vecino, a excepción del diario nacionalista Egin, para el que la declaración del ministro de Justicia francés no constituye novedad alguna ni indica cambio de criterios en la actitud francesa ante este tema.

Basan esta afirmación en la propia declaración del Gobierno francés, en la que se afirma que seguirán denegando la extradición solicitada por cualquier país en el que no se respeten los derechos humanos en general y del extraditado en particular, así como en la propia naturaleza de la medida, que no tiene carácter retroactivo con los delitos cometidos hasta ahora. "Y en cuanto a dar como cosa hecha", se afirma en el citado diario, "que el acceso del Partido Socialista Obrero Español al poder vaya a facilitar las extradiciones, es mucho decir. Para ello, los socialistas españoles tendrían que garantizar que el extraditado no correría ningún riesgo en manos de las autoridades españolas, así como que bajo su Gobierno se respetan los derechos humanos. Y esto está por ver".

En esta misma línea se manifestó el abogado donostiarra Miguel Castells, candidato al Senado por la coalición Herri Batasuna y el abogado que más juicios ha defendido en el país vecino frente a las demandas de extradición españolas. Miguel Castells explicaba a EL PAIS que "los cuatro criterios que, según el ministro de Justicia, Robert Badinter, constituyen la doctrina del Gobierno francés en materia de extradición, son los mismos cuatro criterios en base a los cuáles el abogado Badinter y los abogados vascos defendimos a Apaolaza y Goikoetxea en abril y mayo del año 1979, consiguiendo que se denegase la extradición".

"En consecuencia", añadió Castells, "Badinter se ha limitado a explicitar en esta ocasión los principios de la defensa admitidos de siempre por las autoridades judiciales y gubernativas del Estado francés".

La opinión del PNV

Tampoco ha cambiado nada para el Partido Nacionalista Vasco, según las palabras de su representante en el Congreso de los Diputados, Joseba Azkárraga, para quien la medida tiene "poca validez", ya que se trata de la misma ley que existía hasta ahora, si bien lo único que varía son sus posibilidades de aplicación, que parecen más decisivas.Según Joseba Azkárraga, esta medida sólo atañe a los delitos de sangre, y deja al margen otros muchos hechos, como los de extorsión, pero sobre todo, "no representa el camino por el que pensamos que se puede solucionar el problema de ETA, ya que ETA tiene mucha más fuerza en el interior de Euskadi que fuera. Por eso, consideramos que sólo la profundización de las medidas políticas, la profundización del Estatuto, en definitiva, es la mejor forma de callar las armas".

Declaró asimismo que confía en la buena fe de los dos Gobiernos a la hora de la ejecución de esta ley, que "considero que sólo tiene que aplicarse en los casos que se demuestre que delinquen contra el sistema democrático". Y considera requisito imprescindible el que, si se concede una extradición, "exista seguridad de que la policía no aplicará malos tratos al detenido, como viene ocurriendo hasta ahora".

Para un abogado con amplia trayectoria en defensa de los vascos reclamados por extradición, Juan María Bandrés -actual presidente de Euskadiko Ezkerra-, esta medida coadyuva y facilita, en definitiva, la necesidad de la negociación como única salida a la resolución del problema. Bandrés explicó que, con independencia de la decisión tomada ayer, "ya antes el Gobierno francés mantenía prácticas distintas según el Gobierno que le solicitaba la extradición".

Recordó cómo, hace unos cuatro años, el Gobierno francés dio su visto bueno a la extradición del abogado Klaus Croissant a su país, la República Federal de Alemania, "porque entonces, para Francia, Alemania era un país democrático, en tanto que España no", y terminó afirmando que "esta ley, desde luego, va dirigida a facilitar las extradiciones que le solicite el Gobiemo español y representa un marco jurídico nuevo para los refugiados vascos que, si son inteligentes, tendrán que modificar su situación".

Frente a estas interpretaciones, el portavoz de la coalición Herri Batasuna, Jon Idígoras, manifestó ayer a este periódico que no tiene objeto hacer hoy en día una declaración sobre este tema, puesto que ya se han hecho demasiadas valoraciones, lecturas y desenfoques. Prometió, no obstante, hacer una próxima declaración pública por parte de su grupo político.