Libertad de conciencia y democracia

En su homilía para las familias cristianas, leída en la plaza de Lima de Madrid la tarde del 2 de noviembre, el Papa reafirmó la absoluta indisolubilidad ("válida para todos") del matrimonio, la inmoralidad gravísima de cualquier interrupción voluntaria de la gestación y un determinado modo de entender el derecho de los padres a intervenir en la educación de los hijos. Estos puntos de vista del papa Juan Pablo II no son una novedad dentro del magisterio ordinario de la jerarquía católica. Como católico y como presbítero de la Iglesia, los he escuchado y meditado con el debido respeto, pero no me siento obligado a compartirlos incondicionalmente, porque no se trata de definiciones infalibles. Se tocan aquí problemas muy complejos, en que la conciencia de muchas personas (también entre los creyentes católicos) puede disentir de las apreciaciones (tan absolutamente tajantes) de Su Santidad el Papa. Y los católicos, ante un magisterio falible que no llegue a convencerles, tienen el derecho (y eventualmente el deber) de atenerse a la propia conciencia, sin perjuicio de su comunión eclesial en la fe y en la caridad.Esta prevalencia y libertad de las conciencias era puesta de relieve con mucha fuerza, ya a principios del siglo XIII, por aquel gran predicador que fue san Antonio de Padua: "Hay un sitio para el oro, en el que se acrisola. La gloria de nuestra conciencia depurada en el crisol de nuestro propio examen. Este es el sitio para el oro; no la lengua de los hombres, que si en ella se funde el oro, se consume. Mísero es quien cree más a la len

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gua ajena que a la propia conciencia. Muchos temen a la fama. ¡Qué cosa tan grande es no ser alabado y ser laudable!" (Sermones, ed. Locatelli, Padua, 1895, p. 292).

Me parece indispensable que los ciudadanos católicos de un país democrático sean capaces de vivir esa libertad personalizada de la conciencia, al tomar sus decisiones políticas. Y deberían ser estimulados a ello por los ministros eclesiásticos. De lo contrario, la jerarquía de la Iglesia vendría a constituirse en un poder fáctico absolutista, incompatible con la democracia y con el principio de la soberanía popular que Juan Pablo II (en el discurso leído en el palacio Real) ha reconocido inequívocamente como fuente de legitimidad política./ Sacerdote y teólogo.