Los fiscales condenan los intentos golpistas de destruir las instituciones del Estado

Reunida recientemente en Madrid, la comisión ejecutiva de la Asociación Nacional de Fiscales, hasta ahora la única constituida en el ámbito del ministerio fiscal, acordó, por una parte, denunciar la política del ministro de Justicia respecto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y por otra, proclamar su incondicional lealtad a la Corona y a las instituciones democráticas como respuesta a las reiteradas tentativas de los que quieren abolir por la fuerza el ordenamiento constitucional.

Respecto al primer tema, la comisión ejecutiva de la Asociación Nacional de Fiscales expresa su disconformidad ante la política del actual ministro de Justicia "en cuanto que no sólo ha impedido la vigencia y aplicación efectiva del estatuto orgánico, al no impulsar su desarrollo reglamentario y evitar la creación y funcionamiento del Consejo Fiscal como órgano representativo de la carrera fiscal, sino que ha seguido utilizando el reglamento de 1969, sus instituciones y sus métodos de gobierno para aplazar la renovación democrática del ministerio fiscal y su definitiva adaptación al ordenamiento constitucional".Respecto a los reiterados intentos del golpismo para destruir por la fuerza las instituciones del Estado, la comisión ejecutiva manifesta "que no pueden permanecer en silencio quienes tienen encomendadas la defensa de la legalidad y la tutela de los derechos y libertades de los ciudadanos". Como respuesta a estos intentos subversivos del golpismo, los fiscales han acordado:

"1º Proclamar, una vez más, su incondicional lealtad a la Corona y a las instituciones democráticas, y su enérgica condena de cuantos actos se orienten a la destrucción del Estado social y democrático de Derecho.

2º Manifestar su profunda preocupación por la reiteración con que elementos minoritarios de determinados cuerpos del Estado amenazan la libre y pacífica convivencia de los españoles, empleando los medios que han recibido para defenderla.

3º Expresar su convicción de que la consolidación y la defensa del Estado de Derecho exige, como uno de sus principales presupuestos, el fiel cumplimiento e inmediato desarrollo del principio de unidad jurisdiccional, consagrado por el artículo 117, párrafo 52, de la Constitución, limitando la competencia de los tribunales militares al ámbito estrictamente castrense".