Nacionalización de todos los sectores energéticos y creación de 250.000 empleos al año

La nacionalización de las fuentes básicas de energía y la creación de 250.000 puestos de trabajo anuales, durante los próximos cuatro años, constituyen los aspectos principales del programa comunista en las parcelas económicas y energética.

El aumento de la inversión pública en 300.000 millones de pesetas anuales para la creación de un Fondo de Solidaridad destinado a crear empleo, más una serie de medidas para el reparto del empleo existente, fomento de la contratación, ayuda a las pequeñas y medianas empresas, transformaciones, agrarias y un nuevo papel del sector público, son las medidas que el PCE ofrece en su programa económico para la creación de un millón de puestos de trabajo durante los próximos cuatro años.Al mismo tiempo, el programa comunista formula medidas orientadas a frenar la inflación, actuando sobre las estructuras que están en el origen de la misma, en especial el sistema financiero, los precios de la energía, del suelo y de la agricultura, las situaciones de monopolio, los costos de la Seguridad Social y el funcionamiento de la Administración pública.

Para el fomento del empleo juvenil, el PCE plantea la exención del 75% de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social en aquellos contratos que no tengan una duración inferior a doce meses, y la financiación por parte del Estado con 500.000 pesetas por puesto de trabajo creado fijo, con preferencia en zonas de bolsas de paro y entre los jóvenes. Las medidas para el reparto del empleo existente son la reducción de la jornada máxima legal a 40 horas semanales, con tendencia a bajar a las 35, cinco semanas de vacaciones y jubilación a los 64 años, con tendencia a los 60. Igualmente propone una ley rigurosa de incompatilidades, hasta la desaparición del pluriempleo, y una serie de medidas para conseguir mayor estabilidad en el empleo, entre ellas la reforma del Estatuto de Trabajadores en los aspectos que hacen el despido más barato y más fácil.

Entre las medidas para la defensa de la industria destacan el abandono del principio de subsidiariedad del sector público con la intervención de éste en sectores rentables, y la regulación de la participación de las centrales sindicales en el Instituto Nacional de Industria e Instituto Nacional de Hidrocarburos, así como el establecimiento de un consejo rector con intervención parlamentaria para estos dos organismos.

El esfuerzo financiero que estas medidas representan podría llevarse a efecto con medidas directas sobre el sector fiscal y financiero, dice el PCE, que a este respecto propone un mayor control del crédito bancario privado. Igualmente propone la revisión del crédito oficial concedido, el desarrollo de una banca comercial pública, utilización rigurosa de los mecanismos sancionadores del Banco de España y desarrollo de la función social de las Cajas de Ahorro.

Al mismo tiempo, propone una profundización en la reforma fiscal con elevación del tope máximo de progresividad y aumento de la imposición directa, así como el incremento de un punto sobre la tendencia actual de la presión fiscal anual durante los próximos cuatro años.

En el sector energético, el programa propone la derogación del Plan Energético Nacional y su sustitución por un Programa General de la Energía, basado en el control público de las fuentes básicas por medio de nacionalizaciones en los sectores del carbón, gas natural, nuclear, hidrocarburos e hidroeléctricas (todos ellos citados expresamente). Asimismo propone una moratoria nuclear para las centrales en construcción, con paralización de las centrales ya construidas como las de Ascó y Almaraz.