La autonomía de Madrid

Hace tan sólo cinco años, hablar de autonomía para Madrid o tratar del reconocimiento de Madrid como comunidad autónoma hubiera parecido un dislate. En una España secularmente centralista, en la que algunos terroristas mantuvieron conflictos casi permanentes en busca de un reconocimiento de su personalidad frente al centripetismo excesivo de la capital, no era concebible que Madrid buscara autonomía, sino, en todo caso, que permitiera buscarla a aquellos a quienes la negaba.En un lustro todo ha cambiado. No en vano se ha dicho que la "España de las autonomías" es la mayor revolución que, sobre los esquemas tradicionales, ha traído consigo el advenimiento del actual régimen democrático.

Sólo desde la realidad de esta reciente historia cabe entender la constitución de la provincia de Madrid como comunidad autónoma de tipo uniprovincial, según uno de los modelos que reconoce la Constitución. Una comunidad a la que no es posible encontrar raíces históricas, culturales o lingüísticas diferenciales, sino que es el resultado de una organización administrativa, por otra parte, sumamente peculiar.

En países con organización federal, la capital suele tener una situación especial, por su importancia y por ser centro de poderes de ámbito general.

Es el caso de Washington, con su distrito de Columbia, en Estados Unidos. Pero España no tiene una estructura federal, aunque tenga rasgos que la recuerden. Y Madrid-capital ha quedado englobada a título autonómico en una comunidad que es Madrid-provincia, cuerpo evidentemente macrocefálico y de dificil clasificación, segregado de su ámbito natural, que sería la comunidad de Castilla-La Mancha.

La autonomía de Madrid es, aunque perfectamente explicable, paradigma de dos peligros. Uno es que al alcanzar todos los territorios su autonomía acabe el expenmento autonómico en una amplia descentralización con otro nombre y otros organismos.

Peto el peligro más claro es la superposición de competencias y multiplicación de la burocracia, la confluencia, por ejemplo, de decretos municipales, autonómicos y gubernamentales.

Si no se hila muy fino, la autonomía alcanzaría en muchos casos un objetivo contrario a su justificación primera: en vez de acercar el Gobiemo al pueblo, para facilitarle las cosas, acabaría complicándole la vida.