Las contradicciones políticas

( ... ) El presidente del Gobierno, señor Calvo Sotelo, ha declarado en Sevilla que el Rey está por encima de cualquier salpicadura" y que se ha atenuado la campaña de descalificación contra su persona. Casi al mismo tiempo, el capitán Alvarez Arenas, que mandaba la Policía Militar de la DAC invasora del Congreso de los Diputados en las jornadas golpistas de febrero de 1981, provocaba en el Servicio Geográfico del Ejército, donde se celebra el juicio militar, el primer incidente del que se intenta deducir testimonio, por si el indicado oficial hubiese incurrido en responsabilidad. En efecto, explicando su actitud del día 23 de febrero, el capitán Alvarez Arenas ha declarado que fue al Congreso "para arropar a la Guardia Civil, porque creí que había sido traicionada, ya que los jefes de la operación la habían dejado tirada en el Congreso, y se me confirmó esta traición con el mensaje regio, que no se hacía extensivo a la Guardia Civil".Naturalmente, el capitán, instado por su letrado, se apresuró a manifestar que en modo alguno había querido indicar que el Rey traicionó a la Benemérita.

Puede tener razón el presidente del Gobierno cuando asegura que las "salpicaduras" del juicio no afectan al monarca, en la medida en que su gesto antigolpista de aquellas horas neutraliza las suspicacias. Pero se excede en optimismo cuando piensa que la campaña contra don Juan Carlos ha remitido.

Se observan en esta difícil actualidad bastantes contradicciones. Así, por ejemplo, en punto a situación de seguridad, sorprende que el delegado general del Gobierno en el País Vasco, Marcelino Oreja, sostenga que "el terrorismo en estos momentos está siendo aislado", lo cual supone una idea de contención, cuando al mismo tiempo se pone en marcha un nuevo conjunto de medidas antiterroristas ante hechos que hacen prever un incremento de la violencia. El propio ministro del Interior, pese a su reciente intervención quirúrgica, se precipita a su despacho, y la Unión Sindical de Policías incluye en la relación de sus últimas reivindicaciones la necesidad de una determinada política que incremente la seguridad de los agentes en el País Vasco o, por lo menos, diluya su tiempo de exposición a los riesgos que la función lleva consigo. ( ... )

, 30 de marzo