El alcalde y seis concejales de Arnuero dimiten ante la oposición al polvorín de Isla

El alcalde de Arnuero, Emérito Quintana y seis concejales han dimitido de sus cargos, en la noche del viernes pasado, ante la oposición vecinal a la instalación de un almacén de explosivos en la localidad de Isla, perteneciente al citado municipio. Estos abandonos podrían significar, en opinión de las fuentes municipales consultadas, la paralización definitiva del proyecto del polvorín.

Tras la dimisión del alcalde y seis concejales -cinco, incluído el alcalde, pertenecen a UCD y los dos restantes a una candidatura independiente de derechas- la corporación arnuerense queda integrada por sólo dos concejales, a los que los dimisionarios consideran integrantes del movimiento de "oposicion". La decisión adoptada se produce cuando está pendiente la celebración de un pleno extraordinario en el que debería abordarse el futuro del polvorín. No se descarta que la empresa concesionaria de la explotación de éste, y de la que es gerente el alcalde dimitido, pueda exigir, de confirmarse la paralización de las obras, compensaciones económicas.La actitud adoptada por la mayoría de los miembros de la corporación municipal de Arnuero no ha sorprendido, ya que ésta era una posibilidad que se venía barajando desde hace varias semanas, motivada por el clima de enfrentamientos suscitados por la decisión de instalar un polvorín en la zona. La oposición a éste había sido asumida por la totalidad de las fuerzas políticas y sindicales de Cantabria, a excepción de UCD, así como por grupos ecologistas, que apoyaban a la junta vecinal de Isla, opuesta al proyecto.

La construcción de un almacén de explosivos, con capacidad para 75.000 kilos, fue aprobada por la corporación municipal de Arnuero en noviembre del pasado año. Un mes más tarde, doscientos vecinos, en su mayoría residentes en la localidad de Isla -la más afectada por la ubicación del polvorín- firmaron un escrito en contra de éste, en el que hacían constar ciertas irregularidades que, a su juicio, se habían cometido en la aprobación del proyecto. Entre éstas señalaban, según los informes jurídicos elaborados por la comisión de afectados, que no se había respetado la distancia mínima que debe separar al polvorín de los núcleos urbanos próximos, y que la ley establece en un mínimo de dos mil metros. Según estos informes, que se reflejan en el expediente municipal, la distancia entre el polvorín y los barrios de Calleja, Gracedo y barrio de Quejo es algo menor a los mil metros, y de tan solo 440 en el caso del camping de Isla. Asimismo se señalaban los perjuicios que la instalación ocasionaría en el turismo, importante fuente de ingresos para aquella zona.