El Gobierno colombiano ofrece una amnistía a la guerrilla
El Gobierno colombiano dio el viernes un nuevo paso hacia la pacificación política del país al decretar una amnistía para los guerilleros acusados del delito de "rebelión contra el Estado". En marzo habrá elecciones legislativas en Colombia, y en mayo, presidenciales.El perdón gubernamental consiste en suspender la persecución de los guerrilleros actualmente en la clandestinidad, a condición de que cesen en la lucha armada y entreguen las armas.
Esta medida será incluso ampliada a los condenados en rebeldía y a los acusados a punto de ser juzgados por tribunales militares. El decreto adoptado en base a las recomendaciones de tina comisión de paz no abarca, sin embargo, a los prisioneros que se han fugado o a guerrilleros autores de secuestros, extorsión de fondos u homicidios perpetrados al margen de los combates, considerados como crímenes atroces por la legislación colombiana.
Los guerrilleros que estén actualmente en la clandestinidad disponen de un plazo de dos meses para comunicar a las autoridades militares regionales su deseo de abandonar la lucha armada y entregar sus armas. Para facilitar esta comunicación, las fuerzas armadas colombianas suspenderán durante treinta días las operaciones militares en las regiones donde las organizaciones guerrilleras clandestinas hayan anunciado su intención de rendirse.
La comisión de paz, integrada, por personalidades políticas, militares y religiosas designadas por el jefe del Estado, controlará el proceso de pacificación.
El decreto prevé una amnistía condicional para los guerrilleros detenidos, pero que no han sido todavía inculpados. Estos podrán sin embargo, beneficiarse de medidas de clemencia "cuando la mayoría de los miembros de la organización a la que pertenecen hayan entregado las armas".
Al introducir esta cláusula restrictiva, el Gobierno colombiano ha querido evitar que los guerrilleros liberados se sumen a los que permanezcan en la clandestinidad, opinan los observadores.
El ministro de Defensa, general Camacho Leyva, subrayó que el Ejército aprobaba este decreto y dio a entender que el estado de sitio, vigente casi ininterrumpidamente desde hace treinta años en Colombia, podría ser abrogado si cesaba la violencia guerrillera.
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