Los mineros británicos rechazan ir a la huelga

Los mineros británicos, según se anunció ayer, decidieron rechazar la posibilidad de una huelga para defender sus relvindicaiones salariales, con un 55 % de votos afirmativos frente a un 45% contrarios a aceptar un 9,3% de aumento de sueldo.El Gobierno de Margaret Thatcher se apunta así un nuevo tanto en el mundo sindical, quizá el más decisivo de la última ronda de negociaciones.

Los 250.000 mineros se opusieron, pues, a la recomendación de la ejecutiva de su sindicato para una huelga, "si fuera necesaria". El presidente saliente del sindicato de los mineros, Joe Gormley, que había hecho una polémica intervención para que se aceptara la oferta de la empresa nacional, ha decidido interpretar este resultado como favorable a su punto de vista.

La intervención de Gormley ha sido importante, pero en la decisión de los mineros cuentan también otros factores. Esta es, pues, una victoria para el Gobierno conservador, que ha puesto estrechos límites financieros a la Junta del Carbón. La amenaza de una huelga, que podría rápidamente haberse convertido en una confrontación política, como en 1974, ha desaparecido.

Hace unos meses, los mineros se mostraron dispuestos a acudir a la huelga si se cerraban algunas minas.

El Gobierno se echó atrás. Pero ahora, como en otros sectores industriales, los mineros británicos parecen más preocupados por sus puestos de trabajo que por una sustancial subida salarial. En un principio, pedían un aumento de un 23%, a costa de una larga huelga que podría haber forzado el cierre de un buen número de minas.

La mayoría de las negociaciones salariales en el sector público se habían solucionado este año por debajo del índice de la inflación.

Los trabajadores del servicio de aguas se han conformado con un 9,1%.

Los trabajadores manuales de los ayuntamientos parecen dispuestos a aceptar un 7%. Los empleados de la British Leyland acordaron subidas muy limitadas.

El Gobierno había filiado un tope de un 4% para las subidas salariales del sector público.

La norma se ha roto, pero la política general ha sobrevivido, y se espera que influirá en el control sobre la inflación que tanto busca el Gobierno, al tiempo que prosigue con sus intentos de socavar el poder sindical con nuevas leyes.