El Ayuntamiento no hace caso a Magistratura

Soy una trabajadora de la guardería municipal de Alcobendas, despedida el 27 de marzo del año en curso.Intencionadamente, se me complicó en una extraña desaparición de 15.000 pesetas, presentándome una carta para que firmase "por las buenas" la dimisión. Ante mi negativa rotunda y mi estupor, en un nuevo alarde de inteligencia, intentaron hacerme firmar el finiquito, esta vez inventando faltas de rendimiento.

Decidí presentar demanda, asesorada por un abogado, a la Magistratura de Trabajo y a la Seguridad Social, a esta última por el desacuerdo existente entre las nóminas y las exigencias de la ley (a pesar de estar contratada como educadora de guardería me aplicaban el convenio de la construcción). Citados a juicio el 3 de julio pasado, y tras la no comparecencia del Ayuntamiento, el juez dictaminó despido improcedente.

Según el artículo 56/2 del Estatuto de los Trabajadores, la em presa tiene cinco días para contestar y elegir readmisión o indemnización. Cumplido el plazo, y ante el silencio del Ayuntamiento, me incorpore al trabajo, según me concedía la ley. Al verme llegar la representante de personal y decir le que de acuerdo a la sentencia del magistrado y al Estatuto de los Trabajadores tenía la obligación de presentarme en mi puesto, consultó al Ayuntamiento y le dijeron que me fuera o si no sería sacada por la Policía Municipal. Me sorprendió que esta fuese la decisión de un Ayuntamiento socialista, defensor del estado de derecho, ante la decisión firme de un juez.

Sabiéndome protegida por la ley, seguí tenazmente presentándome todos los días a mi trabajo. Ante la imposibilidad de reunirse el patronato por estar la mayor parte del personal de vacaciones, se convocó un pleno extraordinario, decidiendo él Ayuntamiento, el 29 de agosto -sin respetar los plazos que acuerdan las leyes laborales y atribuyéndose competencias que son exclusivas de la jurisdicción laboral- fijar por su cuenta una indemnización por despido, que, por otra parte, no concuerda con la fijada en la sentencia del magistrado. Ante mi inconformidad, fui expulsada por enésima vez de ese centro de enseñanza para niños, presentando una nueva demanda a Magistratura y siendo citados a juicio el 15 de octubre del actual, acto al que tampoco compareció el Ayuntamiento de Alcobendas.

Ante el temor de seguir en esta situación, quién sabe cuánto tiempo más, aprovecho la oportunidad para, denunciar mi caso y el de otros tantos similares que existen en España./