Ofensiva empresarial contra las nuevas cuotas de la licencia fiscal

Un movimiento de oposición activa al nuevo decreto sobre licencias fiscales se ha desencadenado, desde hace algunas semanas, entre el pequeño y mediano empresariado de distintas provincias españolas. A quince días de la finalización del plazo para presentación de declaraciones de licencia fiscal, que se cierra el 31 de octubre, hay varios escritos presentados ante la Administración denunciando la presunta inconstitucionalidad del mencionado decreto. En distintas patronales se ha recomendado a los afiliados que no entreguen la declaración fiscal o que la remitan solo parcialmente cumplimentada, y se ha abierto un nuevo frente de confrontación de intereses entre el pequeño y mediano empresariado, la gran patronal y la banca.A nivel de patronales, tanto CEPYME como UNIPYME han planteado reparos al nuevo decreto sobre licencias fiscales. En la mayor parte de las asambleas de pequeños y medianos empresarios se ha afirmado que el nuevo decreto penaliza el empleo, frena la expansión económica, es discriminatorio hacia los más débiles y puede llevar a la ruina a multitud de pequeñas industrias y comercios.

Fernando Gonzalez Olivé, presidente de UNIPYME (la patronal de pequeños y medianos empresarios excindida de CEPYME-CEOE), ha presentado un recurso contra el decreto en el que solicita, por considerarlo "gravemente anticonstitucional e ilegal", que sea suspendida su aplicación con carácter inmediato. También solicita la devolución de las cantidades ya ingresadas por los contribuyentes en cuantía superior a la correspondiente de conformidad con la legislación en vigor hasta la promulgación del citado decreto.

La antijuridicidad de la mencionada norma, según el escrito de González Olivé, se basa en que el decreto -en sus "Instrucciones"- regula "no solamente las reglas específicas que delimitan la aplicación de las tarifas, sino cuantos aspectos normativos configuran el tributo local (hecho imponible, sujeto pasivo, cuota tributaria y devengo, entre otros), derogando, en consecuencia -si bien no existe norma específica al respecto-, el contenido del texto refundido de la ley reguladora (Decreto 3.313/1966), toda vez que la regulación contemplada difiere del mismo en innumerables aspectos".

El nuevo decreto sobre licencia fiscal -añade el presidente de UNIPYME- implica una quiebra de la legalidad formal que consagra la Constitución y el ordenamiento tributario, al configurar un impuesto de carácter local por una disposición de rango inferior a la ley y sin fundamentarse en una autorización legislativa válida.

La aplicación concreta del nuevo decreto, por otra parte, implica según Gonzalez Olivé, "una penalización de la utilización en el proceso productivo del factor trabajo, por cuanto la cuota se fija en función del número de trabajadores". Ello acaece fundamentalmente en las actividades relacionadas con energía y agua, en las de extracción y trasformación de minerales no energéticos y productos derivados e industria química, y en industrias manufactureras.

También penaliza y con carácter discriminatorio, siempre según el presidente de UNIPYME, la expansión económica. Discriminación que padecen todas las actividades cuya cuota depende de los factores de producción, con respecto a aquellas en que el uso de tales factores es neutral. Asimismo hay discriminación en la aplicación de la presión tributaria: "mientras que en la generalidad de las actividades sus cuotas han experimentado incrementos que pueden llegar hasta el 1.000%, las correspondientes a la actividad bancaria sólo lo han hecho en un 2,56%".

Por otra parte, muchos empresarios han optado por remitir a la Administración impresos de declaración fiscal en los que dejan sin rellenar los apartados correspondientes a la clasificación de su actividad, "para que sea el Ministerio quien se moje y podamos recurrir contra la cuota".