La Audiencia Territorial reconoce la legalidad del convenio colectivo del Ayuntamiento

La Audiencia Territorial ha dejado sin efecto la suspensión cautelar del convenio colectivo del Ayuntamiento madrileño, ordenada el 6 de marzo por la Dirección General de Administración Local, según supo ayer EL PAIS de fuentes municipales. El equipo de gobierno decidirá durante los próximos días si aplica el convenio inicial o mantiene la situación actual, ya que las líneas básicas habían sido desarrolladas en diferentes decretos de la alcaldía.El contenido de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial (recogido en dieciséis folios) fue comunicado durante la mañana de ayer al departamento jurídico del Ayuntamiento madrileño. En este documento, la Audiencía argumenta que no tiene capacidad para suspender el convenio colectivo (denominado acuerdo en el expediente aprobado por el pleno de la Corporación), por cuanto supondría contravenir la legalidad vigente y, en especial, el decreto-ley de enero de este año, referente al funcionamiento de las corporaciones locales y la propia Constitución, ya que las corporaciones municipales tienen plena decisión en materia de personal.

Respecto a las retribuciones de los funcionarios, que, según argumentó en su día la Dirección General de Administración Local, podrían ser ilegales en caso de que los aumentos salariales fueran superiores al 12% establecido por la ley, la sentencia señala que la Audiencia no puede suspender acuerdos económicos por cuanto las subidas salariales deben estar previstas en los presupuestos municipales, y que éstos son materia que debe ser aprobada por el pleno de la Corporación.

Otro argumento de la Dirección General de Administración Local para suspender el convenio fue el reconocimiento del derecho a la huelga de los funcionarios municipales. Sobre este tema, la Audiencia advierte que el punto hubiera incurrido en la ilegalidad en el caso de que hablara de legalización, pero que en el convenio (o acuerdo) municipal solamente se reconoce el derecho a la huelga.

El convenio colectivo sobre el que ahora se levanta la suspensión cautelar regula por vez primera las relaciones laborales entre los 17.000 funcionarios de la Casa de la Villa con el Ayuntamiento y supone la entrada en vigor de las líneas maestras mediante las que el equipo de gobierno municipal proyecta realizar la reforma administrativa local. Negociado durante largos meses entre la Corporación y los representantes sindicales municipales, fue aprobado el 13 de febrero de este año. El expediente contó con el voto en contra del grupo de concejales de UCD y con la oposición de los representantes sindicales independientes (57 de los 153 miembros del comité).