Plan contra la contaminación ambiental en León

La elaboración de un inventario sobre contaminación ambiental en la provincia de León, que lleva ya un retraso de dos años, tendrá que ser replanteada de nuevo, debido a una serie de lagunas en los cuestionarios que el MOPU y el Gobierno Civil (Subcomisión del Medio Ambiente) habían enviado a los 215 ayuntamientos de la provincia en septiembre de 1979, la mayor parte de los cuales además no han sido contestados todavía.

Recientemente, el Ayuntamiento de La Robla, que registra los mayores índices de contaminación industrial de León, advirtió que el citado inventarlo carece de toda utilidad, al no cuantificar los costes económicos del saneamiento de cada municipio.

Según el alcalde de La Robla y senador por el PSOE, Eladio Castro Uría, solamente en este municipio será necesario invertir más de seiscientos millones de pesetas para reducir la contaminación a límites aceptables. De esta cantidad, unos 130 millones corresponden a filtros para lavaderos de carbón; cincuenta, a depuradoras de aguas; 240, a una cinta transportadora de mineral que evite el paso de vehículos pesados por el casco urbano, y otros doscientos para el desvío de ese mismo tráfico.

Algunas de estas inversiones corresponden a proyectos de empresas privadas pendientes de ejecución. Hasta ahora, sólo Unión Eléctrica, que cuenta con una central térmica en la zona, ha tomado medidas definitivas contra la contaminación, por un importe de unos cuatrocientos millones de pesetas, de los que el 30% se financió con subvenciones del Estado.

Por el contrario, algunos sectores industriales, como las fábricas cementeras, se han negado sistemáticamente a tomar en consideración el problema, según el alcalde, amenazando incluso con el cierre y la desaparición de más de doscientos puestos de trabajo si se les obliga a adoptar medidas correctoras costosas.