Una ley para el consumidor

(...) Resulta evidente que fabricantes y comerciantes se ven tentados, en tiempos de crisis, a buscar una salida a sus problemas por el camino arriesgado de la vulneración de leyes, reglamentos o códigos establecidos. Tal vez los motivos, que no las razones, estén más lejos. Posiblemente se encierren en el entorno moral y ético de una sociedad sacudida por una rotunda transformación de su escala de valores, donde el éxito económico, el triunfo social y las ansias de propiedad constituyen, ya para casi todo el mundo, la única medida de la capacidad, la inteligencia y el valor entendido de la afirmación del yo y la garantía de futuro.La importancia económica de las sanciones impuestas y la difusión que los medios informativos dan a la lucha contra la adulteración y el fraude autorizan a pensar que el problema ha dejado de ser una simple anécdota, que afecta sólo a unos pocos, para convertirse en una auténtica categoría, en la que están implicados, lamentablemente, un gran número de productores y consumidores. No estamos, sin embargo, ante una situación económica en la que la inspección, los expedientes, las multas, las denuncias públicas o los pleitos judiciales, junto con el cierre de empresas o la publicidad de las sanciones, pueden restaurar, a corto plazo, el fair play comercial, el equilibrio entre oferta y demanda y la justa correspondencia entre calidad y precio. Estas medidas pueden ser necesarias, pero no serán, seguramente, suficientes. (...)

22 de julio