Habituales contactos "ultras" en las prisiones de Alcalá y El Ferrol

El teniente coronel Tejero no ha dejado de mantener contactos con personas públicamente favorables a la acción que protagonizara en la jornada del 23 de febrero último, cuando asaltó el Congreso. Este flujo de visitas, tanto de miembros de las Fuerzas Armadas como de particulares vinculados a la familia militar y de ideología ultra, motivó su traslado desde la prisión militar de Alcalá de Henares hasta el castillo de La Palma, en El Ferrol, donde se encuentra actualmente, y le han sido restringidas las visitas.En el castillo de La Palma, las condiciones impuestas al recluso no parecieron variar en un principio. Muchas personas tuvieron la posibilidad de entrevistarse personalmente con el teniente coronel, y las únicas restricciones parecían ir dirigidas contra los periodistas. Las numerosas personas que acudían diariamente a visitarle no parecían tener otra concomitancia con el teniente coronel que su condición ultraderechista, y su número se veía fuertemente incrementado en los fines de semana.

Ante esta situación, la autoridad militar competente decidió, en los primeros días de mayo, restringir sensiblemente el número de visitas que podía recibir el teniente coronel. El reglamento de establecimientos penitenciarios señala que pueden visitar al detenido sus familiares, militares y personas que aquél autorice. Las restricciones impuestas afectaron en primer lugar al horario que, si en un principio era de cuatro a ocho de la tarde, quedó reducido de cinco a siete de la tarde. Los pases para acceder al castillo de La Palma quedaron limitados a una media diaria de diez y son concedidos por el Gobierno Militar de la plaza.

Días después de adoptarse estas medidas, ocho miembros de la Guardia Civil, que actuaron a las órdenes de Tejero en el asalto al Congreso de los Diputados y que se encuentran en libertad sin cargo alguno, se trasladaron a El Ferrol con el objeto de visitar al citado jefe. No pudieron entrevistarse personalmente con el recluso, pero hablaron con él por teléfono. La Dirección General de la Guardia Civil hizo pública una nota en la que se comunicaba que los ocho números habían sido sancionados por «ausentarse de su residencia sin autorización de sus mandos».