Una huelga singular

EL CONFLICTO que ha estallado en la Ciudad Sanitaria Provincial venía arrastrándose larvadamente desde hace tiempo, y no fue ajeno al cese-dimisión de Carlos Revilla -médico de profesión- como presidente de la Diputación, designado por el PSOE para ese cargo en abril de 1979. El asunto de la contratación de un anestesista, que ha motivado la entrada en erupción del volcán, ha sido el pretexto para desencadenar una huelga difícil de comprender por los ciudadanos.El problema de fondo de la Ciudad Sanitaria Provincial parece residir en sus graves dificultades económicas, tal y como puso de manifiesto el informe elaborado por José Borrell, delegado de Hacienda en la Diputación. Los ingresos que la clínica privada de la Ciudad Sanitaria Provincial proporcionaba paliaban ese déficit, pero a costa de una anomalía tan escandalosa -para no utilizar expresiones más duras- como que los médicos de plantilla ejercieran la medicina privada dentro de su centro de trabajo y en horas de trabajo.

El cese-dimisión de Carlos Revilla fue resueltamente decidido hace unos meses por Joaquín Leguina, pero los propios socialistas mantuvieron una brumosa discreción a la hora de explicar los motivos de la defenestración del presidente de la Diputación, plausiblemente relacionada con los abusos por él tolerados en la Ciudad Sanitaria Provincial. El nuevo presidente, José María Rodríguez Colorado; la diputada que ha ocupado la presidencia del Consejo de Administración de la Ciudad Sanitaria, María Gómez Mendoza, y el director técnico del establecimiento, doctor Barros, han tropezado de inmediato, al tratar de poner cortapisas a las irregularidades de quienes hablan tomado el hospital provincial como un rentable feudo o como una finca particular, con la obstinada resistencia de un sector de los médicos de plantilla, incapaces de aceptar que un servicio público impone a quienes lo desempeñan -y cobran por hacerlo- exigencias y obligaciones deontológicas mínimas.

En ese contexto, el nombramiento -por un año improrrogable- de un anestesista ha sido el detonante que los profesionales encastillados en sus privilegios y en sus negocios necesitaban para montar el lamentable espectáculo de una protesta demagógicamente acogida a las banderas de la «voluntad democrática». María Gómez Mendoza ha calificado la huelga de los médicos anestesistas como salvaje, aludiendo seguramente al incumplimiento de las normas legales y administrativas que regulan una decisión tan drástica como es el paro en un hospital. Pero incluso sin necesidad de recurrir a argumentos jurídicos, no serán escasos los ciudadanos, sobre todo si están hospitalizados en la Ciudad Sanitaria Provincial, que consideren una huelga de cafres la que desencadenan unos especialistas vinculados teóricamente por el juramento hipocrático, pero que anteponen los -ingresos que les reporta el ejercicio de la medicina privada en un centro público a sus deberes como profesionales encargados de velar por la salud.

Por último, las legítimas actuaciones de la Diputación como titular de este centro médico deben respetar siempre la calidad asistencia¡ y científica de este hospital, porque, en definitiva, se trata de acercar a los ciudadanos a niveles civilizados de asistencia sanitaria, desterrando prácticas incompatibles con el alto ejercicio de la profesión médica.