Preparativos para su eventual instalación en Madrid

Madrid podría ser el lugar de exilio elegido por María Estela Martínez de Perón, tras su cautiverio en Argentina desde el golpe militar que la derrocó de la presidencia de su país, en marzo de 1976. Según fuentes argentinas en Madrid, la ex presidenta desearía instalarse en la capital española, si bien antes María Estela Martínez realizarí una escala en Panamá, donde conoció a su marido, para agradecer a Omar Torrijos las gestiones que realizó ante la Junta Militar argentina para conseguir su liberación.Según fuentes de la oposición argentina, la eventual instalación de la viuda de Perón en España habría estado precedida de al menos un viaje a Madrid de José López Rega, ministro durante el mandato presidencial de María Estela Martínez, y hombre vinculado a la creación de la organización de extrema derecha Triple A, que, entre otras actividades de represión, aniquiló a gran parte de los dirigentes peronistas de izquierda.

Con María Estela Martínez de Perón viajarín a Madrid, según las mencionadas fuentes, dos comisarios de la Policía Federal argentina, los policías Almirón y Bani. Para las mismas fuentes, ambos comisarios se habrían destacado por su vinculación a la Triple A.

Las autoridades españolas, por su parte, podrían haber dado su consentimiento a la extensión de treinta permisos de residencia en España a personas del entorno de la ex presidenta. En algunos medios españoles se ha podido evidenciar cierta inquietud durante los últimos días respecto a este asunto, por la cadena de posibles hostilidades que se abriría en Madrid entre sectores políticos argentinos rivales.

En cuanto al ex ministro López Rega, cuya última residencia ha sido la ciudad suiza de Lausana, residió, según las citadas fuentes, en Trípoli, donde sufrió un atentado que ocasionó la muerte de uno de sus guardaespaldas.

Hasta el momento se desconoce si la ex presidenta se alojaría en la quinta 17 de octubre, en Puerta de Hierro, a las afueras de Madrid, ya que fue expropiada el 6 de septiembre de 1979 por la Comisión Nacional Argentina de Responsabilidad Patrimonial, «por no haberse acreditado la legitimidad de su adquisición», si bien las autoridades españolas no aceptaron esta disposición gubernamental argentina.