Precios y política energética

LA GRADACION de las últimas subidas de precios de los productos derivados del petróleo parece dar la razón a aquello de hacer de la virtud necesidad. En efecto, el fuerte déficit presupuestario y la caída en el consumo de gasolina ha debido pesar en el ánimo de las autoridades económicas más para reducir proporcionalmente las subvenciones al fuel que para aumentar los precios de venta de las gasolinas. El consumo de fuel representa el 50% del total de los derivados del petróleo, de modo que resultaría difícil desarrollar una política energética orientada a suscitar el ahorro de petróleo y su sustitución por otras fuentes de energía mientras se mantuviese subvenciones y traspasar los aumentos en los costes de los todavía en las fábricas de cemento. El incremento del fuel se sitúa así en torno a un 15%, frente al 5% de las gasolinas.El cambio introducido en la política energética parece confirmar el propósito del Gobierno de reducir las subvenciones y traspasar los aumentos en los costes de los crudos a los usuarios, cualquiera que sea su pelaje. No obstante, todavía subsiste un subsidio para el fuel, cuyo precio de venta por Campsa oscila entre 14.200 y 16.000 pesetas, frente a las 18.000-19.000 pesetas de una tonelada de crudo importado. Asimismo, -el gasóleo para la agricultura- o para la pesca ha aumentado su diferencia respecto del gasóleo para transporte, en base a los «problemas» con que se encuentran aquellas actividades. Este tipo de paternalismo debería desaparecer, a fin de que cada actividad económica se organizase en función de los costes relativos establecidos por el mercado sin necesidad de apoyos artificiales. Sucede además que la política de subvenciones ocasiona trasvases en el consumo de un gasóleo agrícola, por ejemplo, a otros usos, lo que no es ninguna ayuda para la agricultura y además estimula artificialmente el «consumo» de gasóleo más barato. Incluso el gasóleo para transporte debería ser cotizado a su coste real y a su fiscalidad proporcional si de verdad se desea la renovación de una flota de transportes muy obsoleta. En definitiva, se trata de elegir entre favorecer al productor de crudo o al fabricante nacional de camiones.

El mismo razonamiento es válido para los gasóleos de calefacción y su posible sustitución por energía eléctrica. Todo ello pone de relieve que es preciso un replanteamiento del Plan Energético que dé respuestas alternativas a la actual política, sin necesidad de enfondarse por principio en el tema de la energía nuclear. Se trataría de conseguir un mayor crecimiento de nuestro PNB sin necesidad de aumentar la factura del petróleo. La excesiva utilización de fuel (el 50% de cada tonelada de crudo importado) y su posible conversión actual en gasolina y otros productos ligeres indican la eventual fuente de ahorro para disminuir de forma razonable las importa ciones de crudos o mejorar su utilización.

La continuidad de una política de precios energéticos como la recién inaugurada por el Gobierno, junto a una buena organización del programa energético, conferiría a la política industrial del país un nuevo realismo, por desagradable que éste sea. Y pueden abrir un rayo a la esperanza a medio plazo.