La enfermedad de Nervacero

El crédito excepcional que, según parece, va a dispensar el Gobierno a la empresa siderúrgica vizcaína Nervacero resuelve momentáneamente los graves problemas de tesorería que la misma tiene planteados. En cambio, resulta más dudoso, considerando las circunstancias concurrentes en el caso, que la solución -arbitrada a cargo del erario público, que es como decir a cargo del bolsillo de los contribuyentes españoles- despeje de forma definitiva el futuro de la citada entidad.(...) La situación económica de la empresa, que ya se hallaba inmersa en las dificultades derivadas de un entorno económico desfavorable y una gestión empresarial poco afortunada, acabó así al borde de la quiebra. Y, además, se generó un clima de tensión y violencia que culminaría con la ocupación del Ayuntamiento de Bilbao y del Parlamento vasco, sin que este avasallamiento de las instituciones democráticas suscitase en las organizaciones sindicales otra cosa que una postura de crítica tibia y vergonzante.

(...) Cuando a principios del mes de julio la solicitud de apoyo financiero para Nervacero fue examinada por el Banco de Crédito Industrial, éste acordó, a la vista de los planes de viabilidad de la empresa y las auditorías pertinentes, que no procedía otorgar la ayuda demandada. «El banco», según declaró a la sazón su presidente, «es responsable de tutelar los intereses que se le encomiendan y que, por ser una parte de la inversión pública, son el dinero de todos los españoles. Desgraciadamente, el marco técnico al que tendría que haberse sometido su solicitud de crédito ha sido sobrepasado por unas motivaciones políticas absolutamente extrañas a la tramitación normal de los miles de créditos que el banco concede anualmente a multitud de empresas del país». En otras palabras: el desgaste ocasionado por el prolongado período de conflictividad ha mermado en tal grado la solvencia y el contenido patrimonial de Nervacero que, sobre la base de estrictas consideraciones técnicas, no tiene sentido otorgarle, unos créditos que probablemente terminarán nutriendo el fondo de morosos y fallidos del banco oficial. (...)

Por lo demás, ya va siendo hora de que los buenos propósitos del plan económico del Gobierno, que ahora va a cumplir un año, plasmen, en materia de reconversión industrial y reasignación de recursos, en medidas concretas y en criterios objetivos, que terminen de una vez por todas con el amplio margen de discrecionalidad que el poder ejecutivo se ha atribuido a sí mismo.

(...) Por ello, los principios del PEG han de desarrollarse sin más demoras. De otro modo, el ciudadano seguirá abrigando serias dudas acerca de si los recursos que aporta al Estado por vía contributiva se están empleando de la forma más conveniente para el país.