El caso Promocisa sigue sin solución

Todavía no hay solución al caso Promocisa, a pesar de haberse celebrado ya, aunque con un día de retraso sobre lo previsto, la anunciada reunión convocada por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a la que debían asistir todas las partes interesadas en el tema, esto es, la empresa inmobiliaria, los afectados que todavía no han recibido su piso, los bancos en los que habían sido abiertas las cuentas especiales previstas por la ley y las compañías aseguradoras que cubrían el riesgo de afianzamiento de la construcción y que, tras el crack financiero de Promocisa, deben acometer ahora la construcción de los bloques pendientes de terminación.La reunión en cuestión se celebró el pasado jueves, en una de las salas de juntas del ministerio, bajo la presidencia del subsecretario del departamento, Manuel Pérez Olea. A ella no asistió más que un banco, el Industrial del Sur, sin que el Central, el afectado en mayor medida por el asunto, enviara a ningún representante. Con todo, el del Industrial del Sur manifestó su creencia de que cualquier acuerdo sería visto con interés.

El representante de Promocisa, el abogado Emilio Sánchez Pintado, aportó a la reunión una documentación elemental de la situación por la que atraviesa la sociedad y aseguró la disposición de sus representados -los tres socios que componen Promocisa- de cumplir con todas sus obligaciones, para lo que aportan todo su patrimonio, haciendo cesión, si fuera preciso, de su gestión.

El presidente de la comisión de afectados, Carlos Muñoz Campos, aseguró estar dispuesto a aceptar cualquier solución que se propusiera, siempre y cuando ésta estuviera directamente dirigida al cumplimiento de los compromisos de construcción contraídos por Promocisa.

Por lo que respecta a la actuación de la Administración en las posibles soluciones, el señor Pérez Olea dijo que ésta estaba dispuesto a coordinar la actuación de las partes y a facilitar cuanta ayuda material y asesoramiento específico fuera necesario; pero añadió que «cada afectado debía ser consecuente con su parcela de responsabilidad», lo que, indirectamente, podría dar a entender la postura contraria de la Administración a financiar la terminación de las viviendas.

Las compañías de seguros fueron las que presentaron una serie de puntos concretos para alcanzar una posible solución, que habían sido acordados por aquéllas en el curso de una reunión previa. Esos puntos son: sustitución de Promocisa por un consorcio en el que se integrarían los afectados y que se encargaría de la gestión del patrimonio de la sociedad; que dicho consorcio sea presidido por la Administración del Estado; que la gerencia sea designada por la propia Administración; que todas las partes actúen con «generosidad y buena fe»; que, a la liquidación del consorcio, el patrimonio sobrante sea cedido al Estado, y que se realice un estudio concreto sobre el patrimonio de Promocisa y sus líneas de actuación.

Esos puntos fueron aceptados como estudio previo a discutir en otra reunión conjunta a celebrar antes de fin de mes, si bien el representante de Promocisa no se mostró de acuerdo con que el patrimonio sobrante después de la operación pasara a manos del Estado.