El expediente sobre el puente León de Carranza, al Consejo de Estado

El Ayuntamiento de Cádiz ha acordado trasladar al Consejo de Estado, a través del Ministerio de Administración Territorial, el expediente sobre la posible nulidad del contrato de subconcesión de la explotación del puente José León de Carranza, después de cinco meses desde que el pasado día 19 de diciembre la corporación gaditana aprobara instruir este expediente y enviarlo al más alto cuerpo consultivo del Estado.

En el pleno del Ayuntamiento de Cádiz, donde se tomó el acuerdo del envío inmediato de este expediente, se debatió una propuesta de la alcaldía, que constaba de cuatro partes: ratificar el acuerdo del pleno del día 19 de diciembre, enviar el expediente al Consejo de Estado, aprobar la gestión de la alcaldía en estos cinco meses y facultar de nuevo al alcalde, Carlos Díaz (PSOE), para desarrollar gestiones en este sentido. UCD presentó una enmienda a la totalidad, al entender que debe ser la comisión informativa especial creada para el tema del puente quien debe ocuparse de las gestiones de todo lo relativo a esta importante vía de comunicación para Cádiz. Esta comisión no se reúne desde que se rompieron las negociaciones con Bética de Autopistas para la liberación del puente, al decidir el ayuntamiento iniciar los trámites sobre la nulidad del contrato, a mediados de noviembre del año pasado. Al final se aprobó la propuesta de la alcaldía con los votos de la izquierda y la adición de una enmienda propuesta por el PSA sobre la reactivación de la referida comisión.El expediente mencionado consta de los acuerdos municipales sobre el tema del puente, un informe del letrado granadino Antonio Tastet y otro del catedrático García Trevijano. Los dos informes coinciden en la nulidad del contrato, por haberse realizado éste con Bética de Autopistas sin haberse sometido a concurso subasta y no estar reseñada ni justificada la urgencia.

Las tarifas del puente José León de Carranza están congeladas por decreto gubernamental desde octubre del pasado año, fecha en que tocaba la revisión quinquenal de estas conforme a contrato (el decreto fijaba el plazo de congelación hasta el día 28 de febrero, pero las tarifas continúan sin revisarse).