La ley de Centros, fuente de tensiones para UCD, según los socialistas
Hoy se reúne la ponencia del Senado encargada de informar el proyecto de ley de Estatuto de Centros Escolares, al que el grupo parlamentario centrista no ha presentado ninguna enmienda. Esto ha sido interpretado por los socialistas como una prueba de que «el partido gubernamental, que tiene conciencia de no haber salido airoso del trámite del Congreso, desea que el problema desaparezca cuanto antes del horizonte político y deje de ser fuente de tensiones en UCD».
En este sentido se expresó el senador socialista Juan José Laborda en el curso de una conferencia de prensa convocada ayer por su grupo, con el fin de explicar la actitud de los socialistas ante este nuevo trámite parlamentario del Estatuto.El senador Laborda calificó de «incomprensible» la posición de los senadores centristas ante este proyecto de ley. Dijo que «en su afán de reivindicar un mayor protagonismo para el Senado, nuestros colegas de UCD parecen, en ocasiones, mucho más senadores que miembros de su partido. Por eso nos sorprende que ante una ley de tanta importancia hayan decidido renunciar a presentar enmiendas».
En parecidos términos se expresaron los senadores José Vicente Beviá y Juan Francisco Delgado, miembros de la ponencia que comienza hoy sus trabajos, que se mostraron convencidos de que «no se va a mover ni una coma» del proyecto remitido por el Congreso, pero que, pese a todo, están dispuestos a debatir el Estatuto a fondo.
Para el senador Beviá, el proyecto es «inaceptable» y desde luego el tema no está cerrado, pues en caso de que se apruebe como está queda el trámite de apelación al Tribunal Constitucional por aquellos aspectos de la ley que los socialistas consideran anticonstitucionales. Por otra parte, el PSOE, según había dicho anteriormente el senador Laborda, va a continuar su labor de «información sobre la realidad escolar».
Según explicaron los senadores socialistas, para su grupo siguen siendo irrenunciables aspectos de la ley, tales como «el derecho a una enseñanza de calidad para todos, incompatible con una financiación indiscriminada, o la libertad de cátedra, o el derecho de profesores y alumnos a no ser discriminados por razones ideológicas».
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