El "afeitado": un fraude con el que debe acabar la autoridad

La sospecha y en muchos casos la evidencia del afeitado se produjo en la mayor parte de las corridas celebradas en 1979, cuando participaban las primeras figuras. Ni siquiera Madrid, que es la plaza donde sin duda se ha lidiado mayor número de toros «limpios», se libró de esta sombra. Y, por añadidura, las previsiones para 1980 son que el fraude aún puede ir en aumento, porque ciertas reapariciones (las ya producidas o las que se puedan producir en el futuro) son impensables sin esta especie de garantía para la integridad física de quienes vuelven al toreo activo. Pero ahí está la autoridad para atajar el mal.Siempre ha asombrado a los aficionados que un espectáculo cuya vigilancia está encomendada precisamente a los agentes de la autoridad, y que depende del Ministerio del Interior, sea pasto de semejantes atropellos. Porque es impensable que un reducidísimo grupo de personas pueda burlar sistemáticamente a la autoridad, cuando, por añadidura, el resultado de sus fechorías se expone a la vista del público. Y, además, queda el «cuerpo del delito», es decir, las astas de las reses, que pueden -y deben- remitirse a examen de laboratorio por expertos en la materia.

La tarea de investigación no parece difícil para unos agentes de la autoridad que han de estar avezados a solucionar más serios y enmarañados problemas delictivos. A fin de cuentas, en la cuestión del afeitado no hay ni puede haber más implicados que el propio torero que se enfrenta con el toro, el ganadero propietario de la res y el empresario que organiza el festejo. La responsabilidad sólo se circunscribe a este trío.

El Ministerio del Interior está en su derecho si insiste en querer controlar el desarrollo de los espectáculos taurinos, como hasta ahora ha hecho, pero los funcionarios encargados de ello deben hacer demostración inequívoca de su voluntad de vigilar el cumplimiento de todos los aspectos de la fiesta en los que están responsabilizados, y obtener resultados eficaces en su actuación. Interior no tiene medios para promocionar la fiesta -como se pide en la Administración-, pero sí para desempeñar una estricta vigilancia policial cuando ésta es necesaria, y no cabe duda de que lo es en el caso de los fraudes.