Bandrés: "Las torturas existen, aunque no sabemos si fueron por electrodos"

«Pienso que este tipo de sucesos, después del 25 de octubre, son un ataque frontal a nuestra autonomía que de ningún modo podemos consentir. La credibilidad democrática, no sólo del Gobierno español, sino de las autoridades autonómicas, entre las que por ahora me hallo, están en juego.» Esta declaración fue hecha ayer a EL PAIS por el diputado de Euskadiko Ezquerra Juan María Bandrés, en relación con las últimas declaraciones oficiales sobre las preguntas torturas a detenidos en el País Vasco.«Tengo en mis manos el informe de la Escuela de Medicina Legal, de la Universidad de Madrid», agregó el diputado, «del que se omiten los nombres de los peritos y su firma. Baste decir que es un informe redactado a solicitud de la Dirección General de la Guardia Civil y que todo él se basa exclusivamente en "el examen de las fotografías que han sido aportadas, así como el estudio de otros antecedentes del caso", lo que yo sí puedo asegurar es que los redactores del informe no han examinado ni interrogado a Miguel Amilibia», el presuntamente torturado.

«Por otra parte, no hay que olvidar que Miguel Amilibia, durante el tiempo en que fue maltratado, permaneció con una capucha opaca sobre su cabeza, y aunque sospecha que le fueron aplicados electrodos, porque tiene idea de haber visto antes unos cables, la verdad es que bien pudo sufrir quemaduras de otra naturaleza. Lo cierto en todo caso es que se desmayó durante la tortura y que cuando llegó al Juzgado. presentaba las señales externas del mal trato, sin que pueda honradamente hablarse de autolesiones.»

El señor Bandrés aclaró que el presuntamente torturado fue reconocido por el médico forense en el mismo juzgado de guardia a donde fue trasladado tras su detención. La intervención del forense se produjo a petición del juez, ante quien el detenido se quejó de las lesiones que le habían sido producidas.

Respecto de las declaraciones de los gobernadores civiles de San Sebastián y Pamplona, «tachando de falsas las denuncias y atribuyéndolas a una campaña de desprestigio de las Fuerzas de Orden Público, quiero significar que caen en la vieja práctica franquista: todo lo que no es elogio del sistema es conjura masónica o la que sea. Nosotros, en ningún caso les hemos acusado a ellos de practicar personalmente la tortura. A lo sumo, yo les calificaría de encubridores».

«De cualquier modo, lo importante», añadió el diputado, «es que se sepa que denunciar estos hechos penosos no es una tarea agradable. Yo empiezo ya a cosechar las amenazas. Es una obligación que yo he asumido con sentido de responsabilidad. Lo importante es que se comprenda que denunciar ciertos hechos concretos cometidos por funcionarios singularizados no es un ataque a los cuerpos policiales, sino, a mi juicio, el mayor favor que puede hacerse a los mismos, para que puedan seguir funcionando libres de toda sospecha cuando se separe a los responsables.»

El señor Bandrés informó a EL PAIS que los propios interesados se personarán oficialmente bajo su dirección letrada en los procedimientos correspondientes para realizar la acusación particular.