La Administración de justicia, semiparalizada por una huelga de funcionarios

Juzgados de guardia, registros civiles, tribunales y juzgados de toda España se vieron ayer afectados en su funcionamiento por la huelga de oficiales, auxiliares y agentes de la Administración de justicia, que iniciaron esta medida de presión, con carácter indefinido, para protestar por la presentación de un proyecto de ley que los excluye de Justicia y los hace depender de la función pública.

La huelga, según fuentes de los trabajadores, fue secundada, de «forma unánime y sin ninguna fisura», por los 14.000 funcionarios afectados. El Ministerio de Justicia, sin embargo, precisó que los juzgados de guardia y registros civiles funcionaron para asuntos graves o urgentes, atendidos por los jueces y secretarios. El secretario de Estado para la Información, en conferencia de prensa, aseguró que el comité de huelga exageraba la incidencia del paro, que los servicios de la Administración de justicia estaban funcionando y que, por otra parte, la reivindicación principal planteada por los mencionados trabajadores había sido atendida. Ahora se trata de un tema de retribuciones, informó el señor Meliá, en el que es posible que estos funcionarios tengan razón, pero dentro del nivel de precariedad de los presupuestos del Estado, dijo, «es imposible atender en estos momentos tales exigencias».El comité de huelga, por su parte, difundió ayer un durísimo comunicado en el que mostraba su indignación por las declaraciones del secretario de Estado para la Información, Josep Meliá, a las que calificó de «osadía». Falsear la verdad de la forma que lo ha hecho el señor Meliá, aseguran los huelguistas, descalifica a cualquier profesional de la información. Dicen también que si todas las informaciones que facilita son tan veraces como la relativa a su huelga, que sería conveniente que se sustituyera al secretario de Estado para la Información.

Fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron que el paro de los funcionarios no puede considerarse como huelga, ya que la legislación vigente no contempla tan posibilidad para estos trabajadores. Se trata de una incomparecencia al puesto de trabajo, según el Ministerio, y como tal se aplicarán las medidas apropiadas, ya que el abandono del puesto o función que desempeñan es Ilegal en este caso concreto.

En cuanto a la posible solidaridad de los jueces y magistrados con los funcionarios en huelga, el secretario de Estado para la Información, interrogado sobre este tema, afirmó que estaba seguro que los mencionados cuerpos, que precisamente son los encargados de velar por el cumplimiento de la ley, nunca se sumarían al paro. Otra cosa es, añadió, que reconozcan la justicia de alguna de las reivindicaciones planteadas por los huelguistas.

El comité de huelga ha dejado en libertad a los funcionarios afectados, según informa Europa Press, para que el día 25 de octubre puedan trabajar de forma que no se perjudique el desarrollo de los referendos autonómicos previstos para el País Vasco y para Cataluña.