Se agrava en Madrid el problema de los subnormales adultos

La expulsión de los subnormales mayores de dieciocho años de los sanatorios psiquiátricos infantiles del Estado es un problema que se presenta desde hace varios años al final de curso; provoca las consiguientes críticas y denuncias, pero sigue todavía sin solución. Los padres de los niños internados en uno de estos centros, La Atalaya, que están a punto de cumplir esa edad, han recibido la notificación de que sus hijos no podrán volver el curso próximo, en cumplimiento de una norma que «es ahora más evidente, puesto que la nueva Constitución considera que una persona es adulta al cumplir los dieciocho años».Invocar la Constitución en este caso, cuando los pretendidos adultos son personas con sus facultades psíquicas disminuidas, no deja de ser un deplorable cinismo, más aún si se piensa que los minusválidos, y especialmente los subnormales, constituyen uno de los sectores marginados más desasistidos y olvidados de la sociedad.

A los 19.000 subnormales severos y profundos que existían en 1974, según la Seguridad Social, se suman cada año los expulsados de los centros estatales, que, sin posibilidad alguna de integración social, se convierten en una pesada carga para sus familias y, a la larga, acaban en la cárcel, en los psiquiátricos, como locos irrecuperables, o simplemente en la calle.

Sin solución a corto plazo

«Nuestra situación es angustiosa. Estamos peor que hace dos años, porque el problema aumenta en número y no se ha tomado ninguna medida», señaló a EL PAIS uno de los padres afectados.A corto plazo no se ve ninguna solución. Este es, en resumen, el resultado de la entrevista que mantuvo la Comisión de Educación Especial de Orcasitas-Entrevías-Pozo con representantes de la Administración -el señor Farré, secretario general del INSERSO, y el señor Quiñones, director provincial del SEREM- para tratar el tema.

Los centros que se han construido para subnormales profundos en Burgos y en Miajadas (Cáceres), así como el centro industrial de Almería y el agrícola-ganadero, también en Cáceres, ambos destinados al internamiento de subnormales adultos, no pueden funcionar por falta de presupuesto.

Algunas medidas que se proponen como solución provisional son proporcionar una ayuda económica a las familias que puedan tenerlos en sus casas o bien aplicar un plan complementario de zonas para su internamiento en centros privados. Pero ninguna de ellas, de momento, se va a poner en práctica.

Mientras, los padres de los subnormales cargan con toda la responsabilidad, y una de las consecuencias más graves que sufren, además del coste económico, es la perturbación de la salud mental de la familia, inevitablemente alterada por la presencia de una persona que exige atención constante y que algunas veces llega a tener incontrolables reacciones violentas.