Polémica en Valencia en torno a los arrendamientos históricos

El juez no pudo llevar a efecto ayer el desahucio de una propiedad agrícola situada en la población de Almácera por no comparecer el propietario. No obstante, con este motivo se congregaron numerosos agricultores en la propiedad para expresar su oposición a la aplicación de la ley de arrendamientos de 1935, que perjudica claramente a los arrendatarios valencianos.Durante la concentración, los agricultores portaron diversas pancartas, en las que se leía: «Las costumbres hacen ley» y «Arrendamientos al 50%». Igualmente acudieron a apoyarles los dirigentes comunistas Emerit Bono y Antonio Palomares y el socialista Manuel Sánchez Ayuso.

El arrendamiento histórico se ha convertido en una de las reivindicaciones de los agricultores, que crearon en 1968 una agrupación para su defensa. La aplicación de la ley de 1935 permite el desahucio de la propiedad en contra de los derechos que reconoce la legislación consuetudinaria valenciana. Según ésta, la propiedad de los arrendamientos rústicos es compartida a partes iguales por su propietario real y por el arrendatario que posee el dominio útil, y por tanto, no puede romperse el contrato sin una compensación del 50% del valor de la propiedad. Asimismo el arrendamiento pasa a los herederos de la familia.

En la actualidad unos sesenta casos están pendientes de resolución en los juzgados. Esta acumulación se debe a que los propietarios están acelerando la cancelación de los arrendamientos históricos porque está pendiente de discusión por el Parlamento una nueva ley de arrendamientos, que, al contrario que la del 35, reconocería, si prospera la enmienda presentada por el diputado valenciano Burguera, los derechos de los arrendatarios históricos que impiden el desahucio.