El convenio de Renfe abre la polémica sobre limitación salarial

El acuerdo de principio alcanzado en el convenio de Renfe entre empresa y trabajadores, que supone la aceptación de un aumento salarial del 14%, que puede incluso llegar al 15% con el cumplimiento de algunos compromisos pendientes de anos anteriores, ha despertado la primera polémica importante sobre una eventual violación del decreto-ley de control de rentas.En opinión de las centrales sindicales, en el caso de Renfe se ha superado en tres puntos lo dispuesto en el decreto-ley de control de rentas, que suponía para Renfe que el aumento máximo aceptable por el Gobierno no debería superar el 11%.

El presidente de Renfe, por su parte, considera que el convenio se ajusta plenamente al decreto-ley, ya que Renfe no tiene salarios superiores a la media del sector y su carácter de empresa deficitaria es discutible, ya que sus insuficiencias financieras se deben al carácter de empresa pública y a las obligaciones que ello conlleva. El déficit no es tal, según el presidente de Renfe, y debe calificarse de subvención. Renfe ha consultado formalmente al Gobierno sobre el encaje del proyecto de convenio y el decreto-ley de control de rentas. En este sentido, en la noche del lunes directivos de la empresa mantuvieron una larga entrevista con el vicepresidente Abril Martorell.

A última hora de la tarde de ayer, el señor Abril señalaba a EL PAÍS que el caso de Renfe, con una media de salarios brutos del orden de 625.000 pesetas, inferior a la media del sector e incluso del país, con una sensible reducción de sus plantillas en los últimos años y un esfuerzo de mantenimiento de cuentas de explotación, no es encajable dentro del grupo de empresas públicas afectadas por la parte baja (11%) de la banda de aumentos salariales. La posición del Gobierno, dijo el señor Abril, será rigurosa en la aplicación del decreto-ley, y las empresas con salarios superiores a las 900.000 pesetas tendrán que someterse a aumentos proporcionales del 11 %.

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