El terrorismo y el Senado

LAS ALTERACIONES introducidas en la Comisión de Justicia del Senado al texto del proyecto de ley antiterrorista, a iniciativa de UCD (véase EL PAÍS de 8 de septiembre), extienden peligrosamente las fronteras de la excepcionalidad, tanto en la definición de los delitos como en las competencias atribuidas al Ministerio del Interior y a una jurisdicción especializada.UCD ha roto así el consenso mediante el que todas las fuerzas políticas aprobaron, el pasado 27 de julio, el proyecto de ley. La aceptación de la disposición antiterrorista por la oposición parlamentaria legitimó el nuevo instrumento penal corno democrático y cortó todos los lazos de filiación o semejanza con similares normas del anterior régimen, que se utilizaron en la represión de los derechos humanos y las libertades públicas. Una ley antiterronsta promulgada con Ios votos en contra de los nacionalistas catalanes y vascos, de los socialistas y de los comunistas podrá tener vigencia jurídica, pero carece de credibilidad política.

Pero lo peor es que el desafío lanzado al Gobierno por un sector del Cuerpo General de Policía durante las últimas semanas pasa por ser ante la opinión pública la causa de ese cambio radical de actitud de UCD, que sólo puede ser interpretada así como una bajada de pantalones en toda regla. (Dicho sea con los debidos respetos.)

Es de esperar que en el Pleno de la Cámara alta los elementos sensatos del partido del Gobierno impidan que se consolide lo sucedido en la Comisión de Justicia. Una ley antiterrorista promulgada con el voto en contra de la Oposición serviría exclusivamente para que las acciones terroristas, cada vez más aisladas de la sociedad española, lograran una apariencia de justificación. Y también para que la fronda organizada por un sector del Cuerpo General de Policía, recibiera la recompensa de ver satisfechas parte de sus demandas.