El Gobierno español decició aceptar una prórroga limitada del Concordato

El Concordato vigente entre España y la Santa Sede ha quedado prorrogado por unos dos meses, a la espera de que la Constitución española reciba la aprobación del Congreso y del Senado y mientras terminan las negociaciones iniciadas entre Madrid y el Vaticano para sustituir el Concordato por acuerdos específicos que regulen las relaciones entre el Estado y la Iglesia en España.

El Gobierno español decidió no utilizar su derecho a rescindir unilateralmente el Concordato, según quedó establecido en las negociaciones que España y la Santa Sede iniciaron en julio de 1976 y que se daban el plazo de dos años para renovar estos contratos. En el curso de los primeros contactos renovadores, el ministro español de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, envió una carta a la Santa Sede en la que anunciaba la decisión del Gobierno español de reservarse el derecho a romper unilateralmente el Concordato si en el plazo de dos años no quedaban concluidas las nuevas negociaciones.Esta posición española tenía por objetivo esencial el forzar a la Santa Sede a entrar dé lleno en la negociación y a imprimir un buen ritmo a los trabajos de sustitución del Concordato. La decisión adoptada ahora por el Gobierno entra dentro de una doble lógica: la de no romper de manera brusca las negociaciones con la Santa Sede, que se encuentran en estado avanzado, y la de respetar el proceso constitucional español, para evitar problemas en el consenso establecido que prejuzguen las relaciones Iglesia-Estado y el futuro contenido de la legislación que completará los textos constitucionales.

En medios diplomáticos se piensa que para mediados o finales del mes de septiembre el Concordato vigente quedará definitivamente derogado y, esta vez, con el mutuo acuerdo de las dos partes afectadas, que, para estas fechas, no podrán esgrimir el retraso negociador como argumento válido para paliar la ruptura.