Las oficinas laborales en el exterior no reciben fondos desde Madrid

Los funcionarios y personal contratado de las oficinas laborales españolas en Europa han fijado para el 1 de abril próximo la fecha tope con que cuenta el Gobierno de Madrid para resolver definitivanente el problema de la retención de fondos a estas entidades. En una asamblea extraordinaria celebrada en Francfort, a la que asistieron representantes de la mayoría de las noventa oficinas laborales distribuidas por Europa denunciaron la retención sistemática de sueldos y gastos de mantenimiento que padecen de un modo especialmente agudo desde septiembre del pasado año.Esta irregularidad amenaza con imposibilitar el trabajo del personal destinado en Europa a auxiliar a los emigrantes en sus problemas fundamentales. Según el presidente de la Afine (Asociación de Funcionarios del Instituto Español de Emigración), señor Pérez Garrido, solamente en su demarcación -Dusseldorf- la oficina que dirige se ve obligada a participar cada año en unos 250 pleitos en los que se solventa intereses de trabajadores españoles. Sin un anticipo de las costas correspondientes, a cargo de las oficinas laborales, dificilmente podrían defenderse los españoles ante los tribunales por falta de medios.

Esta situación es ahora especialmente grave, dado que los funcionarios de estas secciones de orientación ni tan siquiera pueden adelantar cantidades de sus propios sueldos, que no llegan de España.

Entre las irregularidades que padecen los empleados de las asesorías laborales se incluye también la de la clasificación laboral. La mayoría de ellos, contratados por el Instituto de Emigración, no cuentan con posibilidades de acceder al estatuto de funcionario, mientras que algunos, dependientes de la AISS, cuentan ya con esta clasificación. Los primeros representan el 70% del conjunto.

La Afine denuncia igualmente irregularidades en la aprobación de los presupuestos, ya que los que hubieran tenido que presentar hace meses la AISS y el IEE aún no han recibido luz verde sin que se haya dado explicación alguna. Los fondos que dedica a las oficinas laborales españolas en el extranjero se fijan por un patronato dependiente del Instituto de Emigración pero este fondo se administra a través del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, lo cual implica, según el presidente de la Afine, una incomprensible diseminación de competencias.