Rechazadas dos proposiciones de ley comunistas y una socialista

Unión de Centro Democrático (UCD) y Alianza Popular (AP) hicieron fracasar ayer conjuntamente en la Comisión de Educación del Congreso de Diputados la toma en consideración de tres proposiciones de ley presentadas por el grupo comunista (dos de ellas) y el grupo socialista.

Las proposiciones de ley presentadas por el Partido Comunista de España (PCE) fueron las relativas al estatuto del profesor, y el estatuto de los centros docentes, mientras que la proposición socialista intentaba introducir la regulación de consejos escolares. La comisión rechazó también una proposición no de ley de los comunistas sobre creación de patronatos en las escuelas públicas concertadas, y aprobó una proposición altérnativa presentada por la minoría catalana y apoyada por UCD y AP a fin de que el Gobierno elabore y remita al Congreso en el plazo de dos meses un proyecto de ley sobre financiación de los centros no estatales.

La proposición de ley sobre el estatuto del profesorado fue defendida por Pilar Brabo (PCE), que recibió el apoyo de Heribert Barrera (minoría catalana), Rosa Lago (Socialistas de Cataluña) y Ramón Vargas (PSOE). En contra se manifestaron Miguel Riestra (AP) y Francisco Soler (UCD), así como José Rivas Fontán, también de UCD. La propuesta del PCE fue derrotada por trece votos a favor, quince en contra y una abstención.

Seguidamente se pasó al estudio de la toma en consideración de otra proposición de ley comunista sobre el estatuto de los centros docentes. La votación arrojó el siguiente resultado: quince a favor, dieciocho en contra y una abstención.

La proposición de ley presentada por los socialistas trataba de la creación de centros escolares. Fue defendida por Luis Gómez Llorente, quien fue contestado por Gonzalo Payo (UCD).

Por último, se trató una proposición no de ley remitida por el grupo comunista sobre establecimientos de patronatos de escuelas públicas concertadas. Una alternativa presentada por la minoría catalana recibió el apoyo de UCD y AP por lo que resultó aprobada por diecinueve votos a favor y catorce en contra. Se solicita en ella que el Gobierno elabore y remita al Congreso en el plazo de dos meses un proyecto de ley sobre financiación de centros no estatales en el que se especifiquen las condiciones que deben reunir para tener derecho a la financiación de acuerdo con los pactos de la Moncloa.