¿Hacia la separación de las ideas de defensa y orden público?

La comisión delegada para Asuntos Militares, creada por el Consejo de Ministros del pasado día 23, parece que operará en dos vertientes netamente diferenciadas: la de la defensa nacional, concebida como un asunto militar, y la del orden público. En la primera vertiente, la comisión deberá ayudar a preparar urgentemente, según se trasluce de la información disponible, criterios sobre la organización superior de la defensa nacional, sobre la actualización de las dotaciones presupuestarias en los próximos años y sobre la política del personal militar. En la segunda vertiente se considerarán criterios sobre la política de personal de las fuerzas de orden público, y se estudiará un reajuste de competencias de la jurisdicción militar. Asimismo, el Consejo de Ministros trató de dos reales decretos por los que se regulan las atribuciones, funciones y responsabilidades de los jefes del Estado Mayor Central del Ejército, y del Estado Mayor del Aire. Esta regulación es un tema central en la reorganización del esfuerzo defensivo español, y se espera sirva para dar a éste cohesión, organicidad y unidad. Curiosamente, el Consejo de Ministros no ha preparado un decreto similar sobre el Estado Mayor de la Marina, debido sin duda, a que éste, en su estructura actual, ha podido servir de inspiración a la reestructuración de aquéllos, en el sentido de fortalecer la figura del jefe del estado mayor correspondiente y darle superior jerarquía funcional, tal como ocurre en la Armada.Estas importantes iniciativas tienen lugar bajo la influencia de hechos de sobra conocidos: 1) el creciente interés por participar en el esfuerzo defensivo occidental. lo que impone una racionalización de la estructura de las Fuerzas Armadas; 2) un movimiento de confrontación de algunos sectores de las Fuerzas de Orden Público con el Gobierno, ejemplificado en las manifestaciones de policías armados y guardias civiles. Estos hechos ponen de relieve la implicación mutua actual entre defensa y orden público. El proceso de reforma emprendido parece tender a separar ambos conceptos. Se trataría de un esfuerzo de racionalización, desde la perspectiva de la reforma política y de la solución de los problemas internacionales de España. Esta cuestión se presentó desde el principio como de carácter netamente político, y como tal fue abordada. Hace casi dos años, el blanco de los ataques de la corriente ideológica franquista fue el proyecto de ley Orgánica de la Defensa Nacional, retirado por el Gobierno ante la resistencia de la comisión de Defensa de las Cortes que no quería dar carta blanca a un fortalecimiento del Alto Estado Mayor, ni primacía al carácter técnico de la función defensiva. Meses antes, el autor de ese proyecto de ley, el teniente general Diez Alegría, había sido destituído como jefe del Alto Estado Mayor. Donde ese sector se mostró más activo fue en el de orden público, apoyando las medidas en el País Vasco y dando los pasos que condujeron al decreto-ley de lucha contra el terrorismo. El clima de deterioro de la última etapa del franquismo hizo comprender a Estados Unidos. que era imposible la recuperación internacional del régimen, que era políticamente inconveniente la prolongación automática del acuerdo militar hispano-norteamericano y que la salida de España hacia la OTAN, que Washington había preconizado en el Consejo de la Alianza (mayo de 1975). estaba cegada. De ahí su negativa a aceptar los términos de la generosa oferta de Cortina, para la renovación de los acuerdos, en octubre de ese año, y su ansioso deseo de imprimir un nuevo curso a sus relaciones con España, una vez instaurada la Monarquía.

Dos tensiones han estado operando sobre la conciencia de los responsables en este terreno: la de dar una solución internacionalmente válida al esfuerzo defensivo español y una solución política a los problemas de convivencia y orden público. Las resistencias presentadas a ambas soluciones por el franquismo ideológico han sido enormes en el curso de los casi seis meses transcurridos del Gobierno Suárez y de su vicepresidente Gutiérrez Mellado, el más carecterizado representante de la corriente «profesionalizada» de las Fuerzas Armadas.