Un paso adelante

SI LA Universidad es un bunker marxista, como afirmaba no hace mucho el procurador en Cortes Antonio Pedrosa, no estaría de más que los responsables de la educación en este país durante los últimos años adquirieran conciencia de su fracaso.No es precisamente hacer ahora. leña del régimen el señalar que éste cometió enormes torpezas y omisiones en el terreno de la enseñanza y la cultura. En este contexto la Universidad sufrió particularmente la falta de contacto con el exterior, la autarquía científica, el aislamiento de la sociedad y la condición asfixiante de la ausencia de libertad.

Tras los sucesos de 1956, que entrañaron un nuevo retroceso en la valoración de lo que la, Universidad debía representaren la sociedad, se fue parcheando el sistema educativo del país sin resolver la insuficiencia de las dotaciones económicas, la improvisación del profesorado, la arribada masiva de nuevos contingentes de estudiantes y, al tiempo, la imposibilidad práctica de las clases populares para acceder a la enseñanza universitaria, la atonía. de la investigación y tantos otros problemas que nos ha. deparado la actual Universidad.

Tras el frustrado empeño liberalizador de Ruiz-Giménez, nada importante vino a hacerse en este terreno hasta la Ley General de Educación de Villar Palasí. Empero, la Ley Villar fue un intento loable y bienintencionado que a la corta -y nos tememos que a la larga- fracasó y no significó otra cosa que un poner patas arriba la superestructura educativa sin arreglarla después. Tras Villar llovieron sobre los estupefactos estudiantes españoles medidas sin cuento, como el calendario juliano, o la selectividad implantada por Cruz Martínez. El viernes pasado, el Consejo de Ministros aprobó, no obstante, una norma que constituye un primer intento de normalizar el caos educativo con la supresión del arcaico decreto de las cuatro convocatorias, que fue implantado bajo el pretexto de una presunta solidaridad social y que terminó por operar como instrumento de limpieza de estudiantes molestos en los campus.

La medida de Robles Piquer supone un paso pacificador que mitiga errores anteriores y avanza hacia la tan reclamada autonomía universitaria. Los responsables de la educación española deben entender que por el rasero de la política que sigan se medirá en gran medida el nivel de democratización del país. Robles Piquer comenzó retirando la fuerza pública de los campus y se ha tomado tiempo para decidir. No es un ministro que venga con milagrosas soluciones de recambio, sino que parece hombre expectante y consciente de que el problema de la Universidad española arrastra lastre de decenios de desatención e incuria. Quizá la solución sea ésa: pasos concretos y bien medidos en vez de medidas espectaculares, cuya realidad final tantas esperanzas frustran.