Los peritos certifican ante el juez la contaminación extrema del embalse de As Conchas

Una enorme gráfica, de 80 por 80 centímetros, que recoge la evolución de la población humana y animal en la comarca de A Limia se ha convertido la mañana de este viernes en uno de los ejes de la prueba pericial que se lleva a cabo este mes en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en A Coruña. La demanda de los vecinos del embalse de As Conchas, que sufre estos días una floración de las temidas cianobacterias (un tóxico fenómeno que se repite desde 2011), fue presentada en marzo contra la Xunta de Galicia, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) y cinco Ayuntamientos por su inacción a la hora de velar por los derechos fundamentales de las personas. Enseguida, la iniciativa fue respaldada por la Fiscalía y esta semana ha comenzado el desfile de peritos por el alto tribunal gallego, antes de que los magistrados dicten sentencia.

Los primeros en responder, durante tres horas, a las preguntas del juez, del abogado del Estado que defiende a la Confederación Hidrográfica y del abogado de la Xunta, fueron los autores de un informe presentado por los demandantes y firmado por dos científicos del CSIC de Santiago y Granada y un catedrático de la Universidad Complutense. Según el gráfico, elaborado con datos oficiales, la población humana mermó en la comarca durante los últimos 40 años hasta situarse en 25.000 personas, mientras que la población de animales de granja, medida en Unidades de Carga Ganadera (UGM), medró en la última década hasta equivaler, en generación de residuos, a dos millones de personas.

Serían, puntualizan los expertos, dos millones de personas generando residuos orgánicos “sin pasar por la depuradora”, una cantidad que “se acerca a la población de toda Galicia” (2,7 millones de habitantes) pero concentrada “en un 1% de la superficie” de la comunidad, ha recalcado el edafólogo del CSIC Serafín González, uno de los peritos propuestos por la demanda. Otro de los trabajos que ha salido a colación durante las preguntas a los investigadores, pero que no fue incorporado a tiempo para el juicio, es el mapa de los cientos de granjas —hay 452 grandes o pequeñas, según datos de la Consellería Medio Rural— que saturan el paisaje de la cuenca del río Limia. El estudio revela que “sistemáticamente” no se cumple la obligación de separar estas instalaciones (medio kilómetro entre las menores y un kilómetro para las macro). Los peritos se ratificaron en todos los datos defendidos en sus informes, que apuntan a los vertidos incontrolados y la mala gestión de los excrementos de cerdos y pollos como la causa de la contaminación de las aguas (del río, del embalse, de pozos particulares e incluso del abastecimiento público).

El organismo responsable de aprobar o denegar las declaraciones de impacto ambiental de estas granjas industriales es la Xunta, y su abogado ha sido el más incisivo en esta primera sesión ante el juez. Su objetivo es desmontar los argumentos de los científicos que sustentan la demanda con investigaciones llevadas a cabo en esta última década de degradación galopante en el cauce del Limia y el embalse al que van a parar, supuestamente, los residuos ganaderos procedentes de los vertidos de purines.

Primero han declarado, en grupo, el veterinario, experto en cianobacterias y catedrático de la Complutense Eduardo Costas; el edafólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Serafín González; y el geólogo del mismo organismo, especialista en análisis isotópicos, Antonio Delgado. Después de tres horas, han entrado un experto en olores de una empresa privada dedicada a mediciones ambientales y el autor de un contundente informe sobre riesgos sanitarios para la población, el médico y exdirector general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid Juan Martínez. En su trabajo, Martínez alerta sobre la posible relación de diversos cánceres con la contaminación por nitratos y fosfatos.

El estudio de las estadísticas epidemiológicas, realizado a partir de datos de la propia Xunta, revela que la zona contaminada (tanto en el tramo del Limia en Ourense como cuando atraviesa la frontera con Portugal) supera en cánceres y en mortalidad por cánceres a todas las comarcas de su alrededor. La exposición a microcistinas, nitratos y nitritos se relaciona con tumores de esófago, estómago, páncreas, mama, ovarios, vejiga, hígado y tiroides, defiende el informe. La incidencia en la cuenca del Limia, con respecto a otras comarcas, es superior en varones y todavía mayor en mujeres.

Inicialmente, eran 13 los peritos que habían sido convocados para este viernes en la investigación puesta en marcha por el Tribunal Superior para dirimir las responsabilidades del Gobierno gallego, la Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS) y cinco ayuntamientos de Ourense en la supuesta desprotección de los vecinos frente a la extrema contaminación del río Limia y el embalse de As Conchas. De estos 13, solo cinco han llegado a entrar hoy, entre las 9.00 y las 15.00. El viernes de la semana que viene, a partir de las 10.00 horas, les tocará el turno a algunos especialistas propuestos por las partes demandadas. En esta batalla judicial, los vecinos del pueblo de As Conchas (Ayuntamiento de Lobeira) a título particular, la asociación vecinal de la localidad y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU están respaldados por el grupo ecologista Amigas de la Tierra y el bufete internacional de abogados ambientalistas ClientEarth.

Según los informes periciales que acompañan esta demanda por vulneración de derechos fundamentales, el agua analizada contiene en algunas muestras hasta 97 millones de bacterias “muy peligrosas” por litro. Después de semanas de contaminación visible, con el agua teñida de un intenso color verde, al fin la semana pasada la Xunta decretó el nivel 3 de alerta, el más alto, y se prohibieron el baño y las actividades acuáticas. Apenas faltaban unos días para la celebración de la prueba pericial.

Tras la prueba pericial, Amigas de la Tierra ha difundido un comunicado en el que recalca que los peritos han confirmado que “los nitratos en la superficie del agua son entre 500 y 1.000 veces superiores a los esperados en un embalse como el de As Conchas”. Además, prosigue la nota, “la cantidad de cianobacterias en el agua, que pueden causar entre otros problemas respiratorios, gastrointestinales y hepáticos”, es “extremadamente peligrosa”.

El colectivo ecologista recuerda que las autoridades demandadas “niegan que la contaminación del embalse y del río sean de su competencia”. “Han llegado a decir que la situación no es tan grave como alegan los demandantes”, reprocha el grupo ecologista, y rechazan que sea suficiente causa como para que “se les acuse de vulnerar los derechos humanos de los residentes”.