Aguado pide cerrar Avalmadrid

Cerrar Avalmadrid o al menos retirar la participación de la Comunidad de Madrid en este ente semipúblico. Esa es la propuesta de Ignacio Aguado, portavoz de Cs y próximo vicepresidente del gobierno regional, ante los escándalos que afectan a la actividad de la institución, y que incluyen un polémico aval de 400.000 euros concedido en 2011 a una empresa participada por el padre de Isabel Díaz Ayuso, que nunca se devolvió. La futura presidenta no tenía entonces responsabilidades ejecutivas en el gobierno, ni era cargo público, aunque luego se interesó por los detalles de la operación (coincidiendo en el tiempo con su llegada como diputada a la Asamblea) y aceptó la donación del piso familiar, que así quedó fuera del alcance de posibles acreedores.

"Mi posición con respecto a Avalmadrid la he expresado en numerosas ocasiones tanto en pleno como fuera del pleno", ha dicho Aguado en la Asamblea de Madrid, especificando así que su propuesta nada tiene que ver con el caso que afecta a la empresa participada por el padre de Díaz Ayuso. "Creo que se ha convertido en un chiringuito, en un lugar donde algunos han pergeñado determinadas tramas que son contrarias al objetivo inicial de lo que se perseguía con Avalmadrid", ha razonado. "Por lo tanto, mi apuesta, al igual que lo era la legislatura pasada, es cerrar Avalmadrid, que la Comunidad de Madrid retire el capital de Avalmadrid, cerrar una institución que está desprestigiada y manchada por posibles tramas de corrupción", ha rematado. "Estamos dispuestos a llegar hasta el final en cualquier trama de corrupción que se haya producido en los anteriores gobiernos regionales".

Avalmadrid es una sociedad de garantía recíproca participada por la Comunidad, Bankia o la patronal madrileña. Sus actividades están bajo la lupa del Banco de España desde hace años, y previsiblemente serán sancionadas próximamente.

“La revisión de riesgos no siempre se efectúa con la periodicidad establecida en el Manual de Seguimiento de Riesgos”, subraya el pliego de cargos presentado por el banco central contra los integrantes del consejo de administración de Avalmadrid, al que accedió EL PAÍS. “Con frecuencia los informes de seguimiento son deficientes para explicar la situación actual y evolución del negocio avalado (…)”, añade sobre un presunto incumplimiento del control del riesgo de crédito que se habría producido entre enero de 2013 y “al menos” junio de 2018. “No se recogen aspectos relevantes para concluir sobre la capacidad de pago del socio, tales como [la] comparación detallada entre los flujos de caja generados y previstos con los pagos a los que ha de hacer frente”, sigue. “Además, en los informes de seguimiento no hay decisiones y conclusiones claras, incluso en los casos en que se constata un deterioro evidente del avalado”, describe. Y alerta: “En particular, y como muestra de la referida insuficiencia de los informes de seguimiento, en uno de los casos el avalado entró en concurso, sin que en el informe de seguimiento de tres semanas se reflejara ninguna incidencia en su situación, cuando a esa fecha existían indicios suficientes sobre las dificultades financieras del avalado”.

En 2018, Avalmadrid formalizó más de 1.600 avales por un valor de 84 millones de euros, según su informe anual. Eso pemitió que cientos de emprendedores y pymes sacaran adelante sus proyectos. Pero la polémica siempre ha estado relacionada con un ente a cuyo ejecutivo principal nombra la Comunidad de Madrid.