El TSJ evita enfrentarse a los jueces y adscribe al exsenador del PP Manuel Altava a Castellón y no al tribunal

El pleno de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha decidido asignar al exsenador del PP, Manuel Altava, al juzgado de vigilancia penitenciaria de Castelló, la misma plaza en la que ya ejercía antes de pedir la excedencia y entrar en la Cámara Alta en 2008. EL TSJ, presidido por Pilar de la Oliva, ha tomado esta decisión tras una fuerte presión de los propios jueces ante la posibilidad de que Altava fuera nombrado provisionalmente miembro de la sala contencioso-administrativa del tribunal.

16 magistrados de la veintena que integran la citada sala enviaron este martes un escrito a Oliva manifestando su absoluta oposición al posible nombramiento, que trascendió la pasada semana y corrió como la pólvora entre los jueces. "El citado magistrado debe ser adscrito al orden jurisdiccional penal, único del que procede" conforme marca el Consejo General del Poder Judicial y una disposición transitoria de la Ley General del Poder Judicial, señalaban en su escrito. "En ningún caso puede ser adscrito dicho magistrado -carente de la más mínima experiencia en este orden jurisdiccional- a esta Sala, en la que no existe ninguna vacante (...)", añade el texto.

La asociación progresista de Jueces y juezas para la democracia fue la primera en dar la voz de alarma el pasado lunes. Y ayer su sumó también la asociación moderada Francisco de Vitoria. Ambas pedían que se reintegrase a su plaza si no estaba ocupada o a una similar.

Manuel Altava fue senador por Castellón desde 2008 y hasta la actual legislatura. Además, fue candidato a formar parte del Consejo General del Poder Judicial como vocal a propuesta del PP el pasado mes de noviembre. La renuncia a la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo del juez Manuel Marchena, a raíz de la polémica suscitada por los mensajes del senador del PP Ignacio Cosidó en los que se jactaba de tener controlado el órgano, y la retirada del PSOE hicieron saltar por los aires el acuerdo en aquel momento.

El pasado año, el exsenador del PP fue el encargado de rechazar en el Senado la propuesta de Compromís de indemnizar a las víctimas identificadas y a los municipios de la comarca de El Maestrat por los bombardeos nazis durante la Guerra Civil. Entre sus argumentos, Altava señaló que el Gobierno de la República debía haber evacuado las poblaciones.

En 2010, el Tribunal Supremo archivó una denuncia contra Altava. La denunciante, su expareja Paloma Sanz, sostuvo que en 2005, después de haber cambiado la cerradura de su casa y mientras se encontraba de vacaciones, el magistrado de lo Penal accedió al que había sido domicilio de ambos, ayudado de un cerrajero, y se llevó varios objetos en un camión de mudanzas. La sentencia admite los hechos, pero sostiene que para ser delito debería haber actuado con "fuerza en las cosas", característica que considera inexistente en este caso.