Más de 1.300 familias catalanas esperan un piso de emergencia

Las entidades promotoras de la ley contra los desahucios y la pobreza energética, la célebre 24/2015, que fue recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional y en enero fue recuperada parcialmente, urgieron ayer a la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona que velen por su cumplimiento y faciliten las herramientas que lo permiten. Las organizaciones (PAH, Observatorio DESC o la Alianza Contra la Pobreza Energética) denunciaron que en Cataluña hay 55 desahucios al día y que 1.339 familias aguardan hasta más de dos años por un piso de emergencia.

Las entidades se reunieron en la Generalitat con el presidente Quim Torra y con el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet. Las peticiones que les trasladaron son tres: acciones para que las “colapsadas” mesas de emergencia (sobre todo la de Barcelona) no tengan listas de espera; exigir responsabilidades a las empresas suministradoras para que no corten la luz a familias sin recursos y asuman la deuda de las familias; y que tomen medidas para aplicar “de forma efectiva” la 24/2015. En el Ayuntamiento se reunieron con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Las partes acordaron que las administraciones harán una campaña informativa para que la ciudadanía sepa que se ha recuperado la ley y cuáles son sus derechos. Por ejemplo, que si están en situación de vulnerabilidad bancos o grandes tenedores están obligados a hacer alquileres sociales; o que con un informe de vulnerabilidad de los servicios sociales no te pueden cortar la luz por impago. Además, las Administraciones se comprometieron a recordar por carta a bancos y fondos la vigencia de la ley y sus obligaciones, formar al personal de justicia o al personal de los ayuntamientos.

Pobreza energética

Sobre el frente de la pobreza energética las entidades denunciaron que las familias sin recursos acumulan una “enorme” deuda con las empresas suministradoras y reclamaron a las administraciones que firmen los convenios que prevé la ley y que estipulan quién asume (si los privados o el sector público) lo que las familias no pueden pagar. La portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), María Campuzano no cuantificó la deuda que acumulan las familias. Porque los datos, argumentó, los tienen las empresas.

Desde la Generalitat, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, les respondió con un compromiso para convocar en breve una reunión con los departamentos implicados (Bienestar, Empresa e Interior) para tratar la cuestión. “La Generalitat y los Ayuntamientos hemos de encontrar la fórmula, vía quitas, condonaciones de la deuda o subvenciones”, afirmó.

Calvet también defendió que el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado el pasado martes contribuirá a aumentar el parque de pisos sociales. Y sacó pecho informando de que la Generalitat compró el año pasado 853 pisos con el mecanismo del tanteo y retracto. El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Josep Maria Montaner, celebró que la Generalitat “vuelva a invertir en vivienda”.