La fiscalía pide año y medio para un Guardia Civil por abusar de una víctima de violencia machista

Los hechos ocurrieron en el piso del agente, en el propio cuartel de la Guardia Civil de Pontevedra. La sección cuarta de la Audiencia Provincial juzga hoy martes a un comandante por "abusar de su función" para mantener relaciones sexuales con una víctima de violencia machista a la que había conocido mientras estaba en el hospital por una agresión de su pareja. Según relata la fiscalía en su escrito de acusación, el agente, con el cargo de brigada con destino en el puesto de la Guardia Civil de Pontevedra, y en su posición de comandante, "ejercía labores de gestión y tratamiento de todo lo relativo a violencia de género" entre los años 2016 y 2017. Por ello conocía todos los datos personales y la precaria situación económica de su supuesta víctima, que en aquellas fechas se veía obligada a ejercer la prostitución. El ministerio fiscal acusa al agente J.R.Q.B. de ofrecerse a pagar el alquiler de la mujer a cambio de que se acostase con él y pide un pena de 18 meses de prisión, además de la inhabilitación durante siete años.

Gracias a su cargo, el acusado "tuvo conocimiento de una agresión sufrida por una víctima el día 9 de junio de 2016" y la visitó en el hospital. Allí "le ofreció su ayuda", y "un lugar para preservar su seguridad". El 26 del mismo mes, la víctima "acudió nuevamente al cuartel para denunciar el quebrantamiento de la orden de protección o medida de alejamiento impuesta a su pareja", y quedaron registrados en la oficina sus datos personales. El agente tenía acceso a su "dirección y teléfono", relata el fiscal, así que "la llamó a su móvil para quedar con ella e ir luego a un bar".

Después "la volvió a llamar reiteradamente", le ofreció "ayuda para pagar el alquiler" y la invitó a cenar. Ella, afirma la acusación, "accedió ante la insistencia" del guardia civil que, "también por razón de su cargo, tenía conocimiento de que la mujer ejercía la prostitución y consumía drogas", con lo que "logró doblegar su voluntad". De esta manera "la llevó a su domicilio, situado en el cuartel de la Guardia Civil, sobre las dos y media de la madrugada del día 27. Allí, prosigue el ministerio público, "mantuvieron relaciones sexuales" y, cuando ella le preguntó después "por el dinero ofrecido para el alquiler", el agente acusado le contestó que el sexo "no había sido lo que esperaba" y "le tiró unas monedas con gesto despectivo".

La fiscalía considera que estos hechos "son constitutivos de un delito de solicitud sexual, negociación y actividad prohibida al funcionario y abuso de su función" tal y como recoge el artículo 443 del Código Penal. Por eso reclama una pena de 18 meses de cárcel, además de la inhabilitación absoluta durante siete años.