La huelga indefinida del taxi amenaza con colapsar Madrid

Más de 26.000 taxis pondrán su contador a cero este lunes en Madrid y Barcelona. A las seis de la mañana comienza en la capital una huelga indefinida que paralizará la mayoría de los 15.723 vehículos con licencia para operar —unos 100 coches, con un distintivo especial, trabajarán para quienes necesiten desplazarse para tratamientos de diálisis, pruebas oncológicas o tengan movilidad reducida—. En Barcelona, donde el domingo continuó el bloqueo de la Gran Via, la huelga comenzó el viernes pasado y se ha extendido a otros municipios catalanes como Mataró, Sabadell o Terrassa.

Los transportistas reclaman una regulación y medidas “contundentes”, frente a las licencias de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que utilizan plataformas como Uber o Cabify. A las nueve y media de la mañana está prevista una reunión entre las principales asociaciones del sector en Madrid con el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido. Éste ha hecho una oferta de reforma legal exprés “en defensa de los derechos” del sector, pero los taxistas contestaron que hay otras Administraciones que “tienen que responder” a sus demandas.

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Los taxistas de Barcelona mantendrán también el pulso con el Govern por la nueva normativa para regular los vehículos de alquiler con conductor, que establece que estos servicios deben contratarse con una antelación mínima de 15 minutos. Los huelguistas pretenden que ese plazo sea mucho mayor; de hasta 24 horas.

La Federación Española del Taxi (Fedetaxi) alerta de que puede haber más huelgas en otras ciudades además de Barcelona y Madrid, donde la protesta coincidirá, de mantenerse, con la celebración de la feria internacional de turismo Fitur, que tendrá lugar en la capital del 23 al 27 de este mes, y la Mercedes-Benz Fashion Week, que se celebra del 25 al 30.

El Ministerio de Fomento aprobó el año pasado un decreto-ley sobre los VTC, que faculta a las comunidades autónomas y Ayuntamientos a regular la actividad de este sector, pero el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, cree que el texto debería estar consensuado entre las tres Administraciones (nacional, autonómica y local). “Tienen que hablar entre ellas y ponerse de acuerdo”, señala.

El real decreto fue visto por el sector como una victoria en su batalla de una década. La norma dio un plazo de cuatro años a las empresas VTC para poder seguir operando en el interior de las ciudades, al término del cual las actuales licencias —válidas para todo el ámbito nacional— perderán su derecho a realizar trayectos urbanos si así lo deciden los municipios.

Los taxistas esperan que antes de ese plazo las Administraciones introduzcan nuevas medidas restrictivas. Mientras, Uber y Cabify han advertido que recurrirán al Tribunal Constitucional las normas de autonomías o consistorios que limiten su circulación.