Las ayudas para rehabilitar edificios se extienden a la retirada de amianto

La Junta de Gobierno municipal ha aprobado la tercera convocatoria de ayudas a la rehabilitación de edificios, que este año financiará además el 70% de las obras de retirada de amianto y contará con 50 millones de euros de presupuesto. El barrio de Embajadores ha quedado fuera del mapa de zonas vulnerables, pero los inmuebles de ese barrio y de otros que cumplan con los requisitos podrán seguir solicitando sin embargo subvenciones equivalentes a estar dentro de una de las 119  Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana (APIRUs), según ha explicado en rueda de prensa el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.

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El amianto es un material de construcción vinculado con el cáncer de pulmón que "en los años 50 y 60 se utilizó mucho", como ha recordado Calvo. "Hay barrios donde todos los edificios tienen amianto", ha añadido. Los vecinos que no estén en una APIRU podrán financiar el 35% de los trabajos de retirada.

Los solicitantes de las ayudas este año podrán solicitarlas por adelantado y se les abonará cuando se concedan las licencias de obras. El Ayuntamiento considera que esta medida facilitará a los propietarios que los bancos les concedan créditos para la parte del presupuesto que no cubran las subvenciones. 

Los inmuebles dentro de alguna de las 119 Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana (APIRUs) pueden pedir las ayudas para cubrir el 70% del coste de obras de accesibilidad (instalación de ascensores y rampas), hasta el 60% de eficiencia energética y un 35% para la conservación de edificios.

Los vecinos de Embajadores se quejaron cuando el Ayuntamiento decidió sacarles del mapa de zonas vulnerables al considerar que el barrio sigue siendo el más necesitado de la almendra central. Calvo ha reiterado que la decisión de sacar al barrio del mapa porque "se estaba generando un incentivo inverso" porque algunos inmuebles solicitaban las ayudas y después de rehabilitarlos, los propietarios "iniciaban procesos de mobbing inmobiliario y expulsión de los vecinos", en referencia a casos en los que los dueños han subido los alquileres o han cambiado su uso a apartamentos turísticos.

"Intentamos minimizar este incentivo conceptual", ha insistido, y ha añadido que el Ayuntamiento trata de "generar mayores filtros en las convocatorias para intentar evitar que estas situaciones se produzcan". El delegado señala que hay unos 2.757 inmuebles fuera de las zonas preferentes que podrán seguir optando a las subvenciones. 

La nueva convocatoria eleva a 537,84 euros la renta mínima mensual per cápita de la unidad familiar para poder optar al 90% de financiación y mantiene el incremento del 5% si se unen más de cinco comunidades de vecinos con actuaciones similares.

El concejal ha señalado que desde que se puso en marcha el conocido como Plan MAD-RE en 2016, se han invertido 123,7 millones de euros, de los cuales, 73,7 corresponden a las ayudas municipales.